Lima. El presidente de Perú, Ollanta Humala, no declarará a una comisión parlamentaria sobre el irregular resguardo policial dado al empresario Óscar López Meneses, vinculado al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, reiteró este sábado la jefa del gabinete, Ana Jara.

Jara se presentó ante la comisión parlamentaria que investiga el resguardo policial en la casa de López Meneses para explicar que Humala sólo puede ser acusado o investigado por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso, según la Constitución Política.

La comisión parlamentaria, que preside el opositor Juan Díaz Dios, ha pedido reiteradamente que Humala responda a un interrogatorio sobre los motivos por los cuales López Meneses tenía resguardo policial en su domicilio hasta el año pasado, cuando fue descubierto por la prensa.

López Meneses es un empresario vinculado a las actividades del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, preso por delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

"Solicitar una entrevista para que el presidente proporcione información ante cualquier comisión abocada a temas diferentes a los contenidos en el artículo 117 de la Constitución, lo despojaría de la garantía fundamental para el debido ejercicio del cargo, lo que pondría en riesgo el eficaz ejercicio de sus competencias y adecuado gobierno", manifestó Jara.

La primera ministra, que estuvo acompañada por los ministros de Justicia, Daniel Figallo, y del Interior, Daniel Urresti, agregó que el objetivo de la inmunidad presidencial es evitar que un Jefe del Estado sea objeto de persecución política en su gestión.

La comisión le pidió que explique sus declaraciones en el sentido de que "el objetivo de la comisión no es la verdad, sino Ollanta Humala", y Jara respondió que recogen su "preocupación por las constantes afirmaciones vertidas por el presidente de la comisión, Juan Díaz Dios, que involucraban sin mérito probatorio al jefe del Estado como uno de los principales actores de los hechos materia de la investigación".

Tras el escándalo López Meneses, el gobierno retiró de sus cargos a varios jefes policiales e inició una investigación a cargo del Tribunal de Disciplina Policial y del Fuero Militar Policial, además de presentar una denuncia contra los jefes policiales a través de la Procuraduría Pública de Asuntos Jurídicos del sector Interior.

Jara afirmó que es de interés del gobierno el conocimiento de la verdad y por ello se ha remitido a dicha comisión más de 15 informes y han acudido altos funcionarios y ex funcionarios, además de personal policial y militar, quienes colaboraron con las investigaciones.

En noviembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, debió renunciar al cargo después del escándalo que se desató al descubrirse la irregular protección policial que se brindaba a la vivienda de López Meneses.