La ley migratoria de Alabama, la más dura de Estados Unidos, niega a los inmigrantes indocumentados y a los residentes legales sus derechos más básicos, afirmó Human Rights Watch (HRW).

En un informe sobre la ley estatal divulgado por la agencia DPA, la organización humanitaria sostiene que la norma "contiene provisiones que fueron interpretadas de una manera que impiden a los inmigrantes indocumentados participar en transacciones diarias necesarias, lo que les niega sus derechos fundamentales".

El texto, titulado "No es forma de vivir: La ley migratoria de Alabama", HRW subraya que la norma llega incluso a afectar a inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos.

"La nueva ley le dio a la policía y a ciudadanos privados una licencia para discriminar a los inmigrantes indocumentados, así como a ciudadanos estadounidenses pertenecientes a minorías y hasta a residentes permanentes", sostiene la organización.

Para elaborar este reporte, HRW entrevistó a 57 residentes en Alabama, tanto indocumentados como residentes permanentes y ciudadanos que "informaron de abusos o discriminación" bajo la normativa llamada HB56, llevada a la justicia por el gobierno de Barack Obama.

La organización de derechos humanos se refiere a varios artículos de la HB56 que, entre otros, les impide a los indocumentados realizar como solicitar una licencia de conducir, un permiso comercial o un documento de identificación.

"Como resultado, agencias estatales y locales declararon que inmigrantes indocumentados no pueden solicitar agua u otros servicios públicos, que no pueden vivir en sus propias casas rodantes o renovar sus licencias para sus propios pequeños negocios", resume el informe de HRW.

El pasado octubre, tras la demanda interpuesta por el gobierno de Obama, la Corte de Apelaciones de Atlanta bloqueó algunos de los artículos más controvertidos de la HB56, como el que obligaba a las escuelas a comprobar el estatus migratorio de sus estudiantes.

Sin embargo, permitió otros capítulos, como el que permite a los agentes del orden verificar el estatus migratorio de una persona que cometió una infracción si tienen una "duda razonable" sobre la legalidad de su situación en Estados Unidos, o el que impide realizar "transacciones comerciales" con indocumentados.

HRW destaca que la ley de Alabama "no reconoce de forma alguna que muchos (de los indocumentados) llevan años viviendo en ese estado y tienen profundos y extensos lazos con éste mediante familia con ciudadanía estadounidense".

Además, agrega, la normativa "también empezó a afectar a la economía del estado y a su imagen".

Hay agricultores que lamentan una "falta" de trabajadores para cultivar sus campos, comercios que tenían entre sus principales clientes a la comunidad inmigrante están "luchando" para llegar a fin de mes y "empresas extranjeras están reconsiderando sus inversiones", ejemplificó el informe.

"Lo que está pasando en Alabama demuestra que los esfuerzos centrados únicamente en aplicar la ley contra inmigrantes indocumentados probablemente van a comprometer los derechos de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, además de dañar a las comunidades y economías que dependen de ellos", añadió.

"Alabama debería reconocer la humanidad y derechos fundamentales de todos los residentes del estado y revocar de inmediato" la HB56, demandó la autora del informe, Grace Meng.

El informe de HRW se divulgó en la misma semana en que la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que revisará la también controvertida ley migratoria de Arizona, la pionera en regular a nivel estatal el problema migratorio y que también fue calificada de "discriminatoria" por políticos y activistas.

Para el próximo sábado grupos pro inmigración convocaron a una manifestación en la capital de Alabama, Montgomery, para reclamar la revocación de la normativa.

La actividad supondrá la culminación de una "cumbre" de activistas y políticos en ese estado que pretende provocar la revisión de todas las leyes migratorias estatales aprobadas en los últimos meses.

Además de la de Arizona y Alabama, el gobierno de Obama también demandó ante los tribunales otras dos normativas migratorias estatales, las de Utah y Carolina del Sur.