Bogotá. La ONG Human Rights Watch en su evaluación anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, alertó que la violencia contra el sindicalismo en Colombia sigue siendo un grave problema y ha ido en aumento desde 2007.

Justamente este tema es uno de los obstáculos para que el congreso de EE.UU. apruebe el Tratado de Libre Comercio con la nación sudamericana.

Asimismo, la entidad expresa su inquietud por los ataques a defensores de los Derechos Humanos y los llamados "falsos positivos" que, según el documento, aún se registran, informó El Tiempo.

Human Rights Watch destaca aspectos de la nueva administración de Juan Manuel Santos como el proyecto de "Ley de Víctimas".

El reporte indica que “el presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos. No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose".

También releva el rechazo del mandatario a las amenazas contra defensores de los derechos humanos, lo que a juicio de la entidad "supone una mejora respecto de su estigmatización durante el gobierno del Presidente Uribe".

Amenazas al sindicalismo. La ONG plantea que en el caso del sindicalismo, Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos en todo el mundo, los que en su mayoría son atribuidos a paramilitares y sus grupos sucesores.

Al respecto el informe sostiene que “si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la Escuela Nacional Sindical, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas han aumentado desde 2007".

Además se denuncia que la impunidad en estos casos "sigue siendo la regla: sólo 25% de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la Fiscalía. Si bien la Fiscalía ha iniciado investigaciones de más de 1.300 casos de violencia anti-sindical, sólo ha obtenido condenas en el 14% de estos casos".

En cuanto a los “falsos positivos”, la entidad sostiene que se han reducida significativamente desde 2009, pero que "el problema persiste".

Respecto a la guerrilla, se sostiene que en particular las FARC comenten graves abusos contra civiles. Asimismo se denunciar que habría “tolerancia” de la fuerza pública a los paramilitares y sus sucesores.

"Los grupos sucesores de los paramilitares...ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada. La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país", señala el informe.