Pasar al contenido principal

ES / EN

Iglesia Católica mediará para desactivar la huelga hambre de indígenas en Chile
Miércoles, Septiembre 15, 2010 - 05:15

El arzobispo de la sureña ciudad de Concepción, Ricardo Ezzati, aceptó la función de "facilitador" del diálogo entre el gobierno y los mapuches en huelga de hambre desde hace más de dos meses.


Santiago. Un líder de la Iglesia Católica en Chile asumió como mediador entre el gobierno y un grupo de reos indígenas para intentar desactivar una huelga de hambre que ya supera los dos meses.

Tras una reunión en el palacio presidencial, el arzobispo de la sureña ciudad de Concepción, Ricardo Ezzati, aceptó la función de "facilitador" de un diálogo que hasta ahora no se ha dado en el conflicto de los mapuches en huelga, que piden no ser juzgados por una polémica ley antiterrorista.

"Monseñor Ezzati ha aceptado esta tarea para realizar su función mediadora (...) nosotros confiamos plenamente en lo que va a hacer en los próximos días", dijo el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, a periodistas.

Hasta ahora, el gobierno ha dicho que la acción de los huelguistas no es un instrumento legítimo en un Estado de derecho y los ha instado reiteradamente a que levanten la huelga.

"Espero que mi tarea, la de facilitar este diálogo, pueda tener el éxito que todos esperamos", dijo Ezzati a la salida de la reunión en el palacio presidencial.

"El gobierno, de manera particular, los comuneros que están en huelga de hambre y sus familiares, están esperando con ansias de que se pueda establecer esta mesa de diálogo", agregó.

Los reos son acusados de delitos a la propiedad pública y privada. La mayor etnia indígena del país, los Mapuches, reclama el derecho de recuperar tierras que le pertenecen desde tiempos ancestrales en el sur de la nación.

Además, rechazan ser procesados simultáneamente por la justicia civil y militar y tener cargos tipificados en la ley antiterrorista, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien gobernó el país entre 1973 y 1990.

El gobierno envió al Congreso la discusión de una modificación a la justicia militar en un gesto que busca una salida a la situación.

Además, se discutía en el poder legislativo un proyecto para "perfeccionar" la ley antiterrorista en la que se tipificarían los delitos y se racionalizarían penas para adecuarlas al resto de la legislación local.

Algunos de los reos han mostrado en días recientes un deterioro en su salud.

Autores

Reuters