La propuesta indígena de reglamento de la ley de protección del Tipnis prevé que el carácter de intangibilidad no se aplique a los habitantes originarios del parque, sino a toda persona o actividad empresarial externa que pretenda aprovechar los recursos de la zona.

La información la proporcionaron, por separado, el diputado indígena Pedro Nuni y la dirigente Miriam Yuvanobé, quienes participan de la redacción del decreto que reglamentará la ley que veta obras por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), zona que además es declarada intangible (que no se puede tocar).

El senador del oficialismo Adolfo Mendoza consideró que el gobierno del presidente Evo Morales y los indígenas deben asumir la responsabilidad de los efectos de la declaratoria de intangibilidad que  -afirmó- afectará las actividades de gestión territorial de quienes habitan la zona.

“Era arriesgado plantear en la ley corta que el Tipnis en su conjunto sea declarado zona intangible de preservación ecológica”, expresó el legislador, mientras que Yuvanobé consideró que no hay ningún riesgo porque el principio de protección está dirigido contra aquella “gente de afuera del parque”.

El vicepresidente Álvaro García denunció este lunes, minutos antes de sancionar la ley de protección del Tipnis, la existencia de actividades empresariales de hotelería y explotación maderera en la zona. Nuni afirmó que están dispuestos a trabajar en un proceso de saneamiento con el gobierno para desterrar cualquier actividad ilegal en su territorio.

“La intangibilidad es una máxima protección del territorio. Puede garantizar realmente una protección de gente foránea”, explicó Nuni, quien añadió que éste es el principio base de la propuesta de decreto que preparan y que deberá ser conciliado con similar planteamiento que alista el gobierno.

El senador oficialista Isaac Ávalos  expresó este martes que el carácter otorgado al territorio indígena “significa no cazar, no sacar madera, no sembrar, no tocar la tierra”.

Yuvanobé sostiene, por el contrario, que continuarán con actividades  de aprovechamiento. “Tenemos planes de manejo de aprovechamiento (de la cría) del lagarto, de cacao, plátano y yuca, pero siempre cuidando   no derrumbar el monte. Si la gente chaquea (desmonta) es para vivir”.

La marcha indígena consiguió que el gobierno garantice la protección de su territorio, tras una movilización iniciada en Trinidad, el 15 de agosto, con rumbo a La Paz. La marcha llegó a la ciudad el miércoles 19 con una plataforma de demandas de 16 puntos, entre ellos el veto  a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Tipnis.

Yuvanobé informó que al menos 350 indígenas permanecerán en la ciudad hasta que el gobierno apruebe el decreto reglamentario de la ley corta, bajo el principio de respeto y garantía de las actividades de gestión territorial en el Tipnis.

Para Nuni, pretender privar a los indígenas de las actividades de subsistencia vulneraría los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. “La gestión territorial, los planes de vida, son legales y constitucionales, y se respetan”.

El presidente del Senado, el masista René Martínez, afirmó que las leyes son de cumplimiento universal.  Nuni informó de que este jueves conciliarán propuestas con el gobierno.

La ley corta sancionada por la Asamblea plantea una consulta para dirimir el paso o no de una carretera por el Tipnis. El presidente Evo Morales observó la norma y vetó la construcción de la carretera por esa zona.  

Otro sector inicia vigilia en contra de la ley. El Consejo Indígena del Sur (Conisur), que aglutina a 12 de las 64 comunidades que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), inició una vigilia para que el gobierno anule la ley corta y reactive la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque.

El dirigente Gumercindo Pradel informó de que la medida será masificada si no satisface una explicación sobre los alcances de la ley corta, que veta una vía por el Tipnis.

Esperan que dirigentes como Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, quienes promovieron la marcha indígena en contra del paso de la carretera por sus territorios, informen sobre la norma.

“La medida es para revocar esa ley, porque se hizo sin consulta a nadie. Las comunidades no llegan a entender la ley, los pueblos se han molestado y por eso pedimos que vengan y nos expliquen en qué consiste”, insistió el dirigente, quien advirtió con un bloqueo de caminos.

La movilización es apoyada por los cocaleros. “Si ellos, el Conisur, se movilizan, no hay otro camino que respaldarlos, tendríamos que movilizarnos”, anunció Mario Castillo, ejecutivo de la Federación Trópico y colono del Tipnis. También esperan para el 28 a una comisión del gobierno para que explique los alcances de la ley corta.

Del Granado declara por el caso Yucumo. El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, declarará este jueves ante la Fiscalía sobre la denuncia que presentó en contra del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y autoridades y jefes policiales por la represión a los indígenas en Yucumo, Beni.

El fiscal del caso, Marco Antonio Vargas, informó que citó al también exalcalde paceño para las 09.00 de hoy. “Deberá ratificarse en los términos de su denuncia, es importante. Del Granado, como denunciante, debe coadyuvar en la investigación”, explicó.

Un contingente policial reprimió en Yucumo, el 25 de septiembre, a la marcha indígena en defensa del Tipnis. Golpearon, maniataron y amordazaron con cinta adhesiva a los marchistas.

Del Granado presentó la denuncia penal por delitos como genocidio en contra de Llorenti, el ex viceministro de Gobierno Marcos Farfán, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban; el subcomandante de esa institución, general Óscar Muñoz; el general Edwin Foronda y el jefe de Inteligencia, coronel Víctor Santos.

Muñoz fue suspendido del cargo. La ONU, entre tanto, aún no definió si participará de una comisión investigadora de los hechos.