Lima. Organizaciones indígenas exigieron este lunes al gobierno peruano que modifique una ley que busca aminorar los crecientes conflictos sociales para darles más voz frente al desarrollo de planes mineros y energéticos por miles de millones de dólares.

Según la ley, que debería empezar a ejecutarse este mes, el gobierno y los grupos nativos discutirán la viabilidad de los proyectos que afecten a las comunidades, en un intento por contener los más de 200 conflictos latentes.

Sin embargo, en caso de no alcanzar un acuerdo, la decisión final recae en las autoridades y los pueblos no tienen poder de veto.

La solución resulta insuficiente para los grupos indígenas, que quieren tener la última palabra en la decisión y además piden que la ley sea retroactiva a los proyectos que ya se aprobaron.

"No se trata de que el Estado tome las decisiones, sino que el Estado logre el consentimiento de los pueblos indígenas para el desarrollo de las actividades", dijo el líder del principal grupo que defiende los derechos de los indígenas de Perú, Aidesep, Alberto Pizango.

El gobierno peruano ha dicho que la ley no dará derecho a veto a las comunidades indígenas y también ha señalado que la norma no puede tener carácter retroactivo, debido a que generaría un ambiente de inestabilidad en el país.

Perú tiene proyectos mineros por unos US$50.000 millones en la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo -que en ocasiones se torna violento- de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.

Los analistas consideran que la ley debería frenar el malestar social de las comunidades indígenas de Perú, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales y focos de millonarias inversiones extranjeras.

Sin embargo, el conflicto persiste. Las organizaciones indígenas ya se retiraron del grupo de trabajo que elabora el reglamento de la ley, que debe ser publicado este mes, ante el entrampamiento entre los funcionarios del gobierno y los representantes de las comunidades, dijo Pizango.

En tanto aseguraron que presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o ante el Tribunal Constitucional si el gobierno no inicia la modificación de la ley en los próximos 30 días.