Si bien América Latina ha vivido el periodo más prolongado de regímenes democráticos y elección de autoridades a través de  votaciones, se observa un problema en la calidad de las democracias en la región.

Así lo señala el director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Heraldo Muñoz, en el segundo informe sobre la democracia en la región, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el trabajo titulado “Nuestra Democracia”, Muñoz alerta respecto a que “se observa frustración ciudadana ante la desigualdad en la distribución de la riqueza y en el ejercicio del poder; ante la débil participación popular en los asuntos públicos, la corrupción pública y privada, la inseguridad ciudadana y la debilidad estatal, entre otros aspectos”.

Por ello, plantea la necesidad de impulsar una cuarta ola de democratización para mejorar la capacidad del Estado, fortalecer el Estado de derecho, expandir la ciudadanía y disminuir la desigualdad.

Advierte que de no hacerlo “crecerá la contra ola de insatisfacción y desapego a la democracia como sistema político y ordenamiento de lo individual y colectivo; surgirán más restricciones a las libertades de expresión y al Estado de derecho y habrá mayor inseguridad ciudadana y políticas coercitivas abiertas o veladas”.

Agrega que los desafíos para América Latina son: recuperar la seguridad, desarrollar bienestar ciudadano y reconstruir la política.

Otro punto expuesto en el informe es que América Latina ostenta una estructura fiscal regresiva, basada en la recaudación de impuestos al consumo e impuestos indirectos en general, en vez de tributos directos al ingreso y a la propiedad. El estudio indica que la presión tributaria en la región es de entre 10 y 23 puntos porcentuales menor que en otras zonas del mundo. “Esto debe cambiar”, señala Muñoz.

Democracia de ciudadanía. En la presentación del informe, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza afirmó que una de sus particularidades “es la referencia que hace al concepto de democracia de ciudadanía y su vínculo con la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 1 dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y pone de relieve el tema de la democracia, no desde el punto de vista de quienes la regulan, de quienes la dirigen; sino de quienes son titulares de los beneficios que la democracia debe proporcionar”.

Otro presente en el informe fue el de la seguridad ciudadana, que fue señalado por Insulza como un “retroceso de la democracia” en varios países de la región.

En este sentido llamó invitó a tratar la seguridad como “una política social -como lo son la educación, la salud y la vivienda- a la cual el ciudadano debe aspirar para poder ejercer los demás derechos que la sociedad le confiere”.