Bogotá. Colombia continúa siendo el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo y en los últimos cuatro años 175 líderes obreros fueron asesinados, en medio de una impunidad generalizada que impide castigar a los responsables, dijo este domingo Human Rights Watch (HRW).

La violencia contra sindicalistas fue el principal obstáculo que enfrentó Colombia para que el Congreso de Estados Unidos aplazara por varios años la ratificación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que finalmente se aprobó el año pasado.

"Si bien la cantidad de sindicalistas que son asesinados cada año es menor en comparación con una década atrás, continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo", publicó HRW en su informe anual.

La organización de derechos humanos dijo que desde el 2007 la mayoría de las amenazas contra los sindicalistas provino de grupos que reemplazaron a los paramilitares de ultraderecha, más conocidos como Bandas Criminales Emergentes ligadas al narcotráfico.

"La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada: Colombia ha obtenido condenas en menos del 10% de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados (...) desde 1986", precisó el informe.

El grupo activista afirmó que durante su primer año de gobierno, Santos mostró mayor preocupación por los temas de derechos humanos respecto de su antecesor Alvaro Uribe.

El segundo período de gobierno del ex presidente Uribe fue empañado por escándalos ligados a ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército e interceptaciones ilegales por parte del servicio de inteligencia contra políticos de la oposición, periodistas y magistrados.

Human Rights Watch destacó que en el 2011 Santos consiguió aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de hectáreas de tierras a personas desplazadas e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Además, el grupo acusó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ser responsables de asesinatos, masacres, amenazas, desplazamientos y reclutamiento de niños en medio del conflicto interno de casi cinco décadas.

También alertó sobre la expansión de las bandas criminales y sus efectos sobre los derechos humanos.

"Los grupos sucesores de los paramilitares continúan creciendo, mantienen extensos vínculos con miembros de la fuerza pública y funcionarios locales y cometen atrocidades en forma generalizada", sostuvo el informe.

La organización reiteró su oposición a las iniciativas que buscan que los militares tengan un fuero especial y advirtió que éstas "podrían favorecer la impunidad de los abusos".