Lima. Un grupo de legisladores en Perú impulsa una iniciativa para que el Gobierno pague millones de dólares en bonos agrícolas, 40 años después de que una dictadura militar expropió las tierras de miles de agricultores a los que entregó papeles que prácticamente nunca honró.

Para muchos, los bonos son un doloroso recuerdo de uno de los períodos más polémicos de la historia peruana, durante el cual el general Juan Velasco redistribuyó radicalmente las tierras para debilitar a una pequeña aristocracia, pero a la vez despojó de ellas a pequeños agricultores de clase media.

El Gobierno adquirió unas 5.000 granjas, pero nadie sabe con certeza cuántos bonos fueron emitidos ante la imprecisión con la que se llevaron los libros durante 1969 y 1981.

Los tenedores de esos bonos dicen que estos ascienden a unos US$ 1.000 millones según los actuales valores.

Para limpiar esos bonos, el congresista Juan Perry presentó un proyecto revisado ante la comisión de agricultura, el que sería analizado en los próximos días.

La iniciativa debe ser aprobada por esa comisión y la de Economía y Finanzas antes de llegar al pleno del Congreso.

"La reforma agraria no cumplió sus objetivos. El Gobierno valoró las tenencias agrícolas 10% menos de lo que realmente valían y pagó con bonos que en la mayoría de los casos nunca honró", dijo el abogado Mario Seoane, quien posee un papel a 25 años emitido en 1970.

Actualmente, tomando en cuenta las fluctuaciones cambiarias y la inflación, el papel debería estar valorado en US$800.000. Seoane y una docena de hermanos y primos heredaron bonos de su abuelo, a quien le fue expropiado su cañaveral en la norteña región de Chiclayo.

Historiadores dicen que si bien la reforma entregó tierras a más personas también ocasionó el colapso de las tierras de cultivo dedicadas a la exportación.

Perú, el tercer país más grande de Sudamérica, pasó de ser un exportador azucarero clave en la década de 1970 a un importador del insumo en los años de 1980, período en el que Brasil y Argentina comenzaron preparar el camino que los llevó a convertirse en las potencias agrícolas que son hoy.

En la década pasada, dos Gobiernos y el Tribunal Constitucional de Perú intentaron limpiar esa deuda impaga. Pero fue infructuoso por discrepancias sobre el asunto.

En 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori firmó un decreto en el que reconoció la existencia de los bonos impagos y precisó que tenían validez legal.

Un año después, el máximo tribunal ordenó al Ejecutivo honrar los papeles tras ajustarlos a la inflación.

En 2006, el Congreso aprobó una ley determinando cómo se debía pagar la deuda, pero el entonces presidente Alejandro Toledo no la firmó debido a que habría otorgado créditos impositivos a los tenedores, lo que a su vez habría ocasionado impactos fiscales impredecibles.

La ley también buscaba compensar a los que perdieron sus bonos, posiblemente causando un dolor de cabeza al Gobierno debido a que no existen registros centrales de los papeles.

Legado de García. Pero el proyecto presentado por el congresista Perry contiene cambios importantes.

Primero, los tenedores de los bonos agrícolas sólo podrán canjearlos por papeles vigentes emitidos por el Tesoro, para que de esa manera no haya un impacto inmediato sobre el presupuesto gubernamental.

Segundo, sólo personas con bonos físicos pueden participar de la operación.

Tercero, los tenedores podrían tener que aceptar una reducción y recibir bonos contemporáneos que equivalen a 90% de lo que se les debe. El restante 10% iría a un fondo especial con el que el Gobierno financiará proyectos sociales y de infraestructura.

Wilberto Quispe, un asesor del congresista Perry, dijo que el proyecto de ley sería debatido en los próximos días, contando con el apoyo de cuatro de 13 miembros en la comisión.

Si obtiene el visto bueno de la comisión de agricultura, pasaría a la de Economía y Finanzas.

"Pidieron que este proyecto sea prioridad", precisó.

El presidente Alan García aún debe abordar públicamente el tema de estos bonos. Luego de que el pago de la deuda externa cayó en moratoria en su primer mandato (1985-1990), el mandatario se ha convertido en un promotor del libre mercado.

En su actual segundo período, García pidió a su equipo económico reducir la deuda externa y ampliar los períodos de maduración de la misma.

Esos esfuerzos contribuyeron a que Perú obtuviera el codiciado grado de inversión por parte de las tres principales agencias calificadoras en el mundo, lo que lo colocó en el club de élite de países latinoamericanos.

"La capacidad de Perú para reestructurar la deuda obviamente está, lo que se requiere es disposición de hacerlo", dijo Jose Cerritelli de Gramercy Advisors, una firma de inversión en Estados Unidos que posee bonos agrícolas.

"Este es un asunto de larga data que los presidentes Belaunde, Toledo y Fujimori no pudieron resolver, por lo que sería bueno ver si García es un jefe de Estado más responsable en términos de aclarar temas pendientes", agregó.