Quito. “Tengo temor de (el presidente Donald) Trump... aquí (EE.UU.) es mi hogar”, dijo Tania, una ecuatoriana que llegó con su esposo a Nueva York hace más de 20 años. Tienen seis hijos, cuatro nacieron en ese país.

En una entrevista con Univisión expresó que ella aún es indocumentada y tiene una orden de deportación. No se ha presentado ante la justicia, por lo que podría ser deportada inmediatamente. “No más deportaciones, no queremos que nuestros hijos queden solos”, pidió Tania, quien afirmó que ha aportado a EE.UU. con impuestos, voluntariado en las escuelas de sus hijos, entre otras cosas.

“Cuando ganó Trump le decían que era la niña que tenía que regresarse (a El Salvador, país de sus padres)... la niña ya no quería ir a la escuela”, contó por vía telefónica la activista hondureña Dilcia Molina, de la organización Madre Tierra, en Washington.

Agregó que es uno de los casos que viven los latinos de todas las edades. Sabe de peores en Virginia, donde a una colombiana, una estadounidense le increpó su lugar de nacimiento por su apariencia, o el de una hondureña que fue apuntada con un arma por un hombre con una bandera confederada.

En medio de esta situación, el pasado miércoles Trump firmó dos órdenes ejecutivas para agilizar las deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales e iniciar la construcción del muro en la frontera con México.

“Eso siempre ha existido en este país, que es racista, xenofóbico... de todos los inmigrantes en este país, los latinos somos los más despreciados... Trump solo puso una lupa a ese problema”, dijo Molina.

En medio de esta situación, el pasado miércoles Trump firmó dos órdenes ejecutivas para agilizar las deportaciones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales e iniciar la construcción del muro en la frontera con México.

Andre Segura, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, mencionó que no se sabe cómo serán implementadas las políticas migratorias del presidente, pero parece que habrá una amplificación de acciones contra inmigrantes, como redadas en casas o lugares de trabajo u otras maneras como pedir papeles en la calle a las personas con “perfil racial” (parar a personas por ‘parecer’ inmigrantes y pedirles documentos), como en la administración de George W. Bush.

“Lo importante es reconocer que todas las personas en este país tienen derechos, no importa que sean indocumentadas”, afirmó Segura.

Walter Sinche, director de la Alianza Ecuatoriana Internacional con sede en Nueva York, apuntó que hay “una mezcla de frustraciones”. Según él, la comunidad inmigrante es usada como “chivo expiatorio” para “beneficio del capitalismo, porque al incrementar la fuerza de seguridad le va bien a la industria de las armas”.

Sinche cree que comunidades inmigrantes necesitan una agenda común. Molina dijo que los consulados latinos deberían trabajar más en la causa.

Por las posibles redadas, activistas y especialistas recomiendan prepararse. Por ejemplo, no abrir la puerta a agentes de migración a menos que tengan una orden para entrar, menos si buscan a una persona que no está; si les piden documentos, mantenerse callados y pedir representación de un abogado. En el caso de Molina, explicó que están armando “casas santuario” para ayudar a indocumentados y su familia.

Andrea Ledesma, de 1800Migrantes.com, comentó que posiblemente fábricas ya no contratarían a indocumentados por miedo a sanciones y que podría afectarse el acceso de los sin papeles al sistema bancario. “También hay miedo de que (Trump) cumpla la promesa de no dar ciudadanía por nacimiento, dejando en indefensión a menores de edad, quienes podrían ser deportados”, dijo.

Para María Amelia Viteri, catedrática del colegio de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito, las medidas “hacen pensar en la restauración del miedo” y que otro punto para tener en cuenta es la promesa de deportar a las personas con antecedentes criminales, que “en EE.UU. es incluso manejar sin licencia, haber cruzado la frontera sin documentos”.

Es algo que todavía no ha quedado claro y abre la puerta a interpretaciones negativas que dicen se tomarán en cuenta infracciones o delitos leves. (I)