Pese a que soldados y testigos han asegurado lo contrario, el Ejército ha declarado que son "inexistentes" las fotografías, videos e informes escritos por militares de inteligencia que habrían registrado las detenciones de varios jóvenes.
Ciudad de México. Militares mexicanos testigos de los ataques que acabaron en la desaparición de 43 estudiantes no han entregado evidencia para ayudar a esclarecer un caso que sacudió al país en el 2014, y tampoco han vuelto a comparecer pese a las discrepancias en sus testimonios, según una investigación de Reuters.
Pese a que soldados y testigos han asegurado lo contrario, el Ejército ha declarado que son "inexistentes" las fotografías, videos e informes escritos por militares de inteligencia que habrían registrado las detenciones de varios jóvenes.
Sólo ha entregado una presentación de diapositivas con copias de cuatro fotos, pero expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguran que es necesario chequear las fotos originales y sus metadatos.
El material fue pedido varias veces desde hace un año y los expertos están cerrando su investigación porque el Gobierno ha decidido no extender el mandato del grupo más allá del 30 de abril, una medida que los familiares de las víctimas rechazan porque no confían en las diligencias de la fiscalía (PGR).
"Hemos insistido a la PGR que aporten fotografías, videos y documentos que de acuerdo a sus propias declaraciones y a los antecedentes que obran en la averiguación previa estarían en poder de los militares. Ahí no hay una explicación de por qué no se ha dado", dijo a Reuters el chileno Francisco Cox, uno de los cinco expertos de la CIDH.
Los estudiantes eran del magisterio de Ayotzinapa, una humilde escuela rural de impronta revolucionaria. Un centenar de ellos llegó a Iguala para llevarse autobuses con la idea de ir a una marcha en conmemoración de una histórica matanza.
Por motivos que aún no están claros, fueron atacados en varios puntos de la ciudad por policías municipales y hombres encapuchados: muchos huyeron, tres murieron en las calles y 43 desaparecieron. Las autoridades creen que fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado.
Discrepancias. Eduardo Mota, un soldado de inteligencia vestido de civil que fue enviado al Palacio de Justicia de la ciudad, tomó fotos con su celular mientras policías arrojaban gas lacrimógeno a un autobús con estudiantes, los bajaba y arrojaba contra el piso, según su primer testimonio judicial de diciembre del 2014.
Además de estudiar las fotografías, los expertos querían entrevistarlo para saber qué hacía en el lugar y hacia dónde se llevaron los policías a los muchachos, 17 jóvenes de los que hasta ahora nada se sabe.
Aunque el Ejército ha dicho que ya no existen las fotos, Mota detalló en su segunda declaración que había bajado el material a su computadora en el Batallón 27 de Iguala y entregado copias a su superior, el teniente Joel Gálvez.
Los militares suelen grabar video y tomar fotos en los operativos importantes, según el testimonio de otro soldado.
Además, Mota y el capitán del escuadrón que patrulló las calles esa noche, José Martínez Crespo, omitieron en sus primeras declaraciones que se vieron dos veces con policías municipales tras los ataques, arrojando más sospechas de que sabían lo que estaba pasando y no defendieron a los estudiantes.
De acuerdo con testimonios recogidos en la causa, el Ejército estaba al tanto de la complicidad de policías municipales con Guerreros Unidos. Desde hace una década, los militares cumplen con tareas de seguridad pública debido a la extendida corrupción entre las policías municipales y estatales.
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Mota dijo en el 2014 que presenció el ataque a los jóvenes frente al Palacio de Justicia, volvió al batallón y salió con el escuadrón de Martínez Crespo, supuestamente a chequear denuncias de que había personas armadas en un hospital.
Pero en septiembre del año pasado, Mota y Martínez Crespo revelaron que se desviaron a la comandancia municipal en busca de una moto que el soldado de inteligencia había abandonado frente al Palacio de Justicia.
Ninguno de los dos aclaró si preguntaron por los estudiantes cuando fueron a la comandancia municipal por la moto, dado que es allí donde la policía suele llevar a los detenidos, ni tampoco cuando vieron a los efectivos más tarde, para recuperar la moto cuando los ataques habían cesado.
La fiscalía difundió esta semana en internet una versión pública con los últimos tomos del expediente en el que aparecen los testimonios de Mota, con párrafos enteros tachados en negro sobre el episodio de la moto y la visita a la comandancia.
Reuters tuvo acceso a una copia original sin tachaduras del expediente.
Prohibido el acceso. A pesar de las incongruencias en los testimonios, estos militares no fueron llamados a declarar de nuevo. Una fuente de la PGR dijo que no los han citado por la enorme cantidad de diligencias que están desahogando en torno al caso.
Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad autónoma pero financiada por el Estado encargada de vigilar abusos de autoridades, recomendó el jueves volver a tomar declaración a Mota.
Durante su investigación, los expertos de la CIDH, que comenzaron a trabajar en la investigación a inicios del 2015, entrevistaron a policías municipales y sicarios detenidos, efectivos federales, sobrevivientes de los ataques y familiares de los desaparecidos.
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Pero el Gobierno les ha negado el acceso al Batallón 27 y a los militares que fueron testigos esa noche. Sólo recibieron transcripciones de interrogatorios muy básicos.
"Nosotros hicimos un listado de personas que era necesario que declararan. Algunas que no han declarado, y hay otras que debieran volver a declarar", dijo Cox.
La Secretaría de la Defensa, a cargo al Ejército, no respondió a varias solicitudes de comentarios.
La falta de impulso para llegar al fondo de la cuestión y resolver el caso dejó en entredicho las promesas del presidente Enrique Peña Nieto de combatir la impunidad y la corrupción.
Familiares creen que el Ejército tuvo algo que ver en la desaparición de los jóvenes. En los últimos años, los militares han sido acusados de ejecuciones extrajudiciales y torturas, y en el estado de Guerrero -donde se ubica Iguala- han cometido atropellos a los derechos humanos desde la década de 1970.
"El Ejército sumó para generar un marco de contención para que los agresores pudieran actuar", acusó uno de los abogados de los familiares de los jóvenes, Vidulfo Rosales.
No hay indicios de que los militares hayan tenido que ver en la desaparición de los jóvenes, pero sus declaraciones abren dudas: ¿Por qué no se movilizaron rápido para frenar semejante agresión? ¿Por qué en las primeras declaraciones ante la fiscalía omitieron narrar parte de lo que hicieron esa noche?
El secretario de la Defensa dijo en octubre que no veía ninguna razón para que los soldados sean entrevistados por los expertos.
"Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver", dijo Salvador Cienfuegos en octubre a la cadena Televisa.
