La Habana. Un enviado de la Comisión Europea llegará este miércoles a Cuba para explorar un mayor acercamiento con la isla de Gobierno comunista, dijo una fuente del bloque.

El Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea encargó en octubre a la jefa de la diplomacia del grupo, Catherine Ashton, entablar contactos con Cuba para avanzar la relación.

Las impresiones que recoja esta semana Christian Leffler, subdirector general para Desarrollo de la Comisión Europea, sobre las reformas económicas y los avances en derechos humanos en Cuba podrían respaldar un nuevo acuerdo marco entre la UE y la isla.

El punto de partida para las conversaciones de Leffler con las autoridades cubanas será la cooperación en temas como medioambiente, cambio climático y seguridad alimentaria.

"Como ocurre en todas las reuniones con las autoridades cubanas, habrá una panorámica general de las relaciones de la UE y Cuba", dijo a Reuters el representante de la Comisión Europea en Cuba, Javier Niño-Pérez.

Las relaciones entre Cuba y la Unión Europea estuvieron al borde de la quiebra tras el arresto de 75 disidentes en el 2003, pero mejoraron paulatinamente en los últimos años.

La UE aplaudió este año la decisión del presidente Raúl Castro de liberar a 52 de los 75 disidentes que permanecían presos y reformas económicas que contemplan la ampliación del diminuto sector privado.

Pero Cuba sostiene que las relaciones no podrán normalizarse hasta que la UE elimine su Posición Común, que condiciona desde 1996 las relaciones con la isla a una apertura democrática.

La Posición Común está suspendida desde el 2005, pero no fue eliminada.

Ashton prometió un informe sobre las relaciones con Cuba para diciembre.

Diplomáticos europeos en Cuba creen que las recomendaciones de Leffler podrían dar luz verde a un nuevo acuerdo marco entre la UE y la isla, que permitiría pasar la página de la confrontación.

"En la práctica ese nuevo acuerdo vaciaría la Posición Común, la dejaría sin efecto", dijo un diplomático.

Un nuevo acuerdo podría ser aprobado en el 2011, pero deberá superar la resistencia de países miembros de la UE como Alemania, República Checa y Suecia.