Humberto de la Calle, dijo que la decisión no es de espaldas al estamento militar y policial.
“Todas estas decisiones han sido siempre coordinadas y consultadas con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Militares y de Policía. Esto no es una decisión a espaldas del estamento militar y policial”. Tuvo que salir a aclararlo el jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz de La Habana, Humberto de la Calle, ante los cuestionamientos por la decisión anunciada por el presidente Juan Manuel Santos, de suspender por un mes los bombardeos contra los campamentos de las Farc, con el fin de impulsar el desescalamiento del conflicto. Una medida que según el procurador general. Alejandro Ordóñez, implica “realmente un cese del fuego bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia”.
Aunque no lo dijo De la Calle, queda claro que una vez más —tal y como sucedió con la concreción del acuerdo para el desminado humanitario— la subcomisión para el fin del conflicto que integran seis altos oficiales de la Fuerza Pública, que coordina el general Javier Flórez y que la semana pasada estuvo sentada frente a frente con los jefes guerrilleros en Cuba, fue fundamental para dar este paso. “No es un cese bilateral disfrazado. Hay una subcomisión de fin del conflicto donde estamos discutiendo las características de un cese definitivo y bilateral en el futuro con suficientes garantías y verificación, un cese serio, un cese de verdad para la finalización definitiva del conflicto”, agregó De la Calle.
Lo cierto es que pese a las explicaciones, la Procuraduría insiste en plantear algunos interrogantes en torno a lo que será el accionar de las Fuerzas Armadas en ese nuevo escenario de no bombardeos. “El presidente debe señalar cómo hará su gobierno para evitar que la suspensión de los bombardeos contra las Farc termine por beneficiar al Eln y a las bacrim. En ciertas zonas del territorio nacional tales grupos actúan coordinadamente y en algunos casos desarrollan actividades criminales concretas de forma conjunta”, dice el Ministerio Público en un comunicado. Y pregunta: “Cuando las Farc se muevan con miembros del Eln, ¿estos últimos tendrán blindaje ante los bombardeos y se beneficiarán con la orden dada por el presidente? Cuando lo hagan junto a las bacrim, ¿tampoco estas podrán ser atacadas, o en esos casos la Fuerza Pública podrá bombardearlos o atacarlos, según corresponda?”.
Ahora, el comunicado de la Procuraduría plantea también un punto que da para la discusión: dice que la Fuerza Pública tiene una obligación constitucional (la de defender a los colombianos), que ni siquiera por orden del presidente de la República se puede omitir, pues las Farc siguen delinquiendo y generando víctimas. ¿Está proponiendo una desobediencia de los militares a su máximo comandante? Eso lo tendría que responder el mismo Alejandro Ordóñez. Pero el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, es de los que creen que la Constitución le da potestad al jefe del Estado para adoptar este tipo de medidas, las cuales, “antes que un retroceso para la seguridad, como aseguran algunos, deberían interpretarse como un avance hacia el fin de la guerra”.
Respuestas a los interrogantes de la Procuraduría no hay por ahora en la Casa de Nariño, aunque, sin pretenderlo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por estos días de visita oficial a Seúl (Corea del Sur), dio luces sobre la postura gubernamental y, sobre todo, de los militares. “Como lo ha dicho el presidente, no vamos a renunciar a los bombardeos si vemos una amenaza inminente contra una población (...) las Fuerzas Armadas seguirán protegiendo a los colombianos y haciendo control al territorio con todos los medios a su disposición”, dijo. Con un dato adicional: en los últimos tres meses, cinco cabecillas de las Farc han sido neutralizados en operaciones donde no hubo bombardeos: los comandantes del Frente 28, el del Frente 57, el segundo al mando del Frente 17 y el subcomandante de la columna móvil Teófilo Forero.
Sin duda, lo que quiso dar a entender Pinzón es que la Fuerza Pública tiene también la capacidad de propinarle golpes a la guerrilla, no sólo a través de los bombardeos. Bien es sabido —y es uno de los argumentos de quienes critican la decisión presidencial— que fue ese el camino para inclinar la balanza de la guerra a favor del Estado, cuando se dio de baja a los máximos comandantes como Alfonso Cano, Mono Jojoy y Raúl Reyes. Lo cierto es que la carta que se jugó el presidente Santos obliga a pensar que la declaratoria de un cese bilateral está más cerca de lo que se piensa y que en ello jugará un papel fundamental la comisión asesora creada para acompañar la etapa final y definitiva del proceso de paz.
El que el ex presidente Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez —dos críticos acérrimos de la manera como se han llevado las conversaciones en La Habana— hayan aceptado formar parte de ella es un hecho que, por ahora, juega a favor de Santos. Porque lo que sí han advertido es que se reservan “el derecho a disentir y expresar libremente lo que consideren inconveniente”. Por los lados del uribismo, aunque las señales indican que no están dispuestos a hacerle el juego al proceso de paz, una carta del mismo procurador Ordóñez, ayer al expresidente Álvaro Uribe, podría implicar un viraje. La idea del jefe del Ministerio Público es que el Centro Democrático esté adentro, para “construir, disentir, coincidir, ejercer la crítica propositiva y un mecanismo de fiscalización de las conversaciones del Gobierno con las Farc”. Incluso, dice que debe ser Uribe el que vaya a la comisión y no Óscar Iván Zuluaga, quien fue realmente el invitado por Santos. ¿Será escuchado?
