Río de Janeiro. Las principales asociaciones de jueces y fiscales brasileñas defendieron hoy las investigaciones en los casos de corrupción que se siguen en el país, tras la polémica detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para llevarlo a declarar.

La Asociación de Magistrados de Brasil (AMB), sin referirse a la declaración de Lula, rechazó en un comunicado las críticas recibidas por parte del gobierno y sectores afines, al señalar que "cualquier movimiento contrario representa un retroceso para el Estado Democrático de Derecho.

Lula fue llevado este viernes por agentes de la Policía Federal a declarar sobre su posible vinculación en la trama corrupta que desvió unos 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras, detención que encendió los ánimos en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y de sus simpatizantes.

La presidenta brasileña Dilma Rousseff calificó la operación de "innecesaria", mientras que el PT la consideró un "capítulo en la escalada golpista" contra el gobierno.

Según la AMB, se debe castigar cualquier acto de corrupción en atención "al principio de todos son iguales ante la ley".

En la misma línea se refirió la Asociación Nacional de Fiscales (ANPR, por sus siglas en portugués), que justificó la operación policial de este viernes en Sao Paulo para trasladar a Lula a la comisaría.

Los fiscales, los jueces, la policía y el fisco actuaron con "el más estricto y cuidadoso respecto de los preceptos legales, sin violencia o falta de respeto a los investigados", agregó.

La entidad consideró que los hechos refuerzan la democracia brasileña.

"La ANPR asegura a la población brasileña que hoy lo que se vio fue la acción de instituciones democráticas, cumpliendo, en nombre de la sociedad, su deber de investigar prácticas de crímenes, sin mirar a quién y sin detenerse delante de nadie", concluyó