El ministro Mario Carroza ordenó este martes la devolución del cuerpo del poeta Pablo Neruda, exhumados el 8 de abril de 2013, en el marco de una investigación de las causas de su muerte, tras una denuncia de que el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 pudo haber sido asesinado.

Los restos de Neruda deberán ser devueltos a su sepultura, en la localidad costera de Isla Negra, el próximo 8 de abril.

"Ya se encuentran cumplidas la totalidad de las diligencias científicas" que hacían necesaria la permanencia de los restos a disposición del tribunal, señala la resolución publicada en el sitio del Poder Judicial.

Sólo quedan pendientes, según el texto, unas pericias ordenadas el 5 de mayo de 2014, "consistentes en la realización de estudios proteómicos y genómicos", que se encuentran "en el avance que cada una de las instituciones involucradas ha comunicado debidamente al tribunal".

Sobre esa base, agrega, "se hace indispensable no prolongar más de lo debido la custodia de los restos" del poeta a disposición del tribunal.

La devolución de los restos de Neruda, según fuentes del caso, puede significar que el juez emitirá próximamente el fallo de la causa.

El proceso. Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet, presuntamente a causa de un cáncer de próstata. Pero en 2011, tras una denuncia presentada por el Partido Comunista, se abrió la investigación sobre las causas de su muerte.

La denuncia se basó en declaraciones de Manuel Araya, antiguo chofer de Neruda, quien afirmó en una entrevista con la revista mexicana Proceso que el poeta había sido envenenado por agentes de la dictadura mediante una inyección que le fue suministrada en la clínica en la que estaba ingresado y en la que finalmente falleció.

El juez confió las pericias científicas a un grupo de expertos chilenos y extranjeros, que en noviembre de 2013 concluyeron que Neruda no había muerto envenenado.

No obstante, el juez no dio por cerrada la investigación, porque pese a los resultados de las pruebas, no podían descartar aún la posibilidad de que el también autor de "Veinte Poemas de Amor y una canción desesperada" hubiese sido asesinado.

Desde entonces los querellantes del caso han solicitado otras diligencias que no han cambiado radicalmente las primeras conclusiones.

El pasado 21 de enero, el gobierno se hizo parte en el caso a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el objeto colaborar al "esclarecimiento de los hechos (...), por cuanto existen antecedentes de que este caso podría consistir en un crimen de lesa humanidad", dijo entonces Francisco Ugás, secretario ejecutivo de dicho Programa.

Por ahora, el magistrado dispuso que se comunique la resolución al Servicio Médico Legal, la Fundación Pablo Neruda y a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), a fin de que se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de lo ordenado.