La medida dictada por Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, alcanza a Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada.
El Poder Judicial dictó esta madrugada 18 meses de prisión preventiva contra cuatro de los cinco empresarios de Graña Montero, JJ Camet e ICCGSA, socias de la constructora brasileña Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
La medida dictada por Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, alcanza a Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada.
Se informó que en el caso de Gonzalo Ferraro Rey se le dará arresto domiciliario en la clínica Angloamericana por encontrarse delicado de salud.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro había advertido el peligro de fuga de los representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú.
Durante la audiencia , el fiscal señaló que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú” y tienen capacidad económica para eludir a la justicia.
Los cargos contra los exrepresentantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos.
El fiscal Hamilton Castro detalló que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de US$20 millones que se entregó al exmandatario, actualmente prófugo en Estados Unidos.
Empresarios niegan acusaciones. Concepción Carhuancho determinó también la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet, presidente de JJC Contratistas Generales, y para José Fernando Castillo Dibós, gerente de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.
Según la fiscalía, los ejecutivos supuestamente avalaron la participación de las firmas locales en el pago de sobornos de US$20 millones a Toledo, en cuyo Gobierno (2001-2006) se aprobó la construcción de la carretera.
Los fiscales estiman que las tres empresas peruanas habrían aportado unos US$15 millones en el pago del soborno a Toledo -que actualmente reside en Estados Unidos y ha negado varias veces las acusaciones-, sobre quien pesa una orden de arresto con fines de extradición por el mismo caso.
Imágenes de televisión mostraron a los cuatro sentenciados ingresando esposados a la sede del Poder Judicial de Lima, según la fiscalía. Los abogados de los ejecutivos negaron la participación de sus defendidos en el caso.
El fallo se produjo en momentos en que el fiscal del caso, Hamilton Castro, enfrenta una investigación de control interno por un supuesto encubrimiento a las exsocias de Odebrecht.
Odebrecht ha admitido el pago de sobornos para ganar la concesión de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante las presidencias de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Desde mediados de julio, el expresidente Humala cumple un arresto preventivo dictado por el juez Concepción Carhuancho, acusado de lavado de activos por supuestamente haber recibido US$3 millones de Odebrecht para su campaña electoral.
El escándalo de corrupción, que ha frenado las inversiones en el país minero, ha restado hasta un 1 por ciento del Producto Bruto Interno en las proyecciones de crecimiento para este año.
* Con información de Agencia Andina y Reuters.
