Quito. El juez décimo segundo de la Niñez y la Adolescencia, Raúl Reinoso, rechazó el pedido de acción de protección planteado por la organización Fundamedios y el centro de derechos humanos de la Universidad Católica de Quito. La acción se interpuso a inicios de septiembre contra “la política pública impuesta por el Presidente de la República de prohibir a sus ministros dar entrevistas a los medios privados”, según manifestó Santiago Guarderas, abogado de la mencionada fundación.

En un comunicado de esta organización se argumentó que esta acción fue presentada con el fin de “cesar la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de información, a la igualdad y a la participación ciudadana”  que produce la política pública dictada el 17 de junio por el primer mandatario, durante uno de sus enlaces sabatinos.

El subsecretario jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta, ha puntualizado que la denuncia se sustentaba en falacias ya que no es obligación que los ministros acepten invitaciones de los medios de comunicación.

En su argumentación, el juez considera que no es procedente la medida cautelar solicitada ya que no reúne los presupuestos legales. "Las medidas cautelares proceden cuando el juez tenga conocimiento de un hecho que amenace, de modo inminente y grave, con violar un derecho o lo viole efectivamente", señala.

El magistrado Reinoso argumenta que la ley se refiere a un "hecho" que debe ser objetivo, real, no imaginario o supuesto.

Para los accionantes (Fundamedios), la política pública "dictada" por el presidente, discrimina a los medios de comunicación privados que se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y a los comunitarios, constituyéndose así una política pública que violenta las libertades fundamentales de las personas.

La resolución del juez precisa que "a todas luces se evidencia que no es una política pública, lo manifestado por el primer mandatario, confunde el accionante con la alocución que el presidente ha implementado en su gobierno".

Durante la audiencia efectuada el pasado 17 de septiembre, Guarderas, director del centro de derechos humanos de la Universidad Católica, argumentó que la Constitución reconoce en su artículo 18 el derecho de “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información”.

No obstante, el juez Reinoso indica que "de la revisión minuciosa y prolija no existe acreditado ningún medio de prueba documental, sea decreto ejecutivo, acuerdo presidencial, que señale como política pública lo pretendido por el accionante César Ricaurte (director de Fundamedios)".

Guarderas indicó que apelarán la decisión del juez Reinoso. Ellos acudirán a la Corte Provincial de Pichincha para apelar esta decisión dentro de los tres días que tienen de plazo.