Madrid. La Audiencia Nacional española ordenó este jueves la búsqueda y captura de tres soldados estadounidenses implicados en la muerte del camarógrafo español de televisión José Couso, que falleció en 2003 durante la guerra de Irak, en un nuevo giro de un caso que ha sido abierto y cerrado en varias ocasiones.

En el auto judicial, el juez Santiago Pedraz pide que el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp ingresen en prisión y sean extraditados a España para responder por el fallecimiento de Couso, camarógrafo de Telecinco que murió por un disparo de un tanque del Ejército estadounidense cuando se encontraba filmando desde una habitación del hotel Palestina de Bagdad.

"Los hechos (...) pueden ser constitutivos de un delito contra la comunidad internacional (...) dado el ataque a población civil con la causación de la muerte del Sr. Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas", señala el auto, que dice que concurren "motivos bastantes" para creer "responsables criminalmente" a los soldados estadounidenses.

La decisión de pedir la extradición - que llega después de que el Tribunal Supremo ordenase el 13 de julio reabrir la causa a petición de la familia del fallecido - se sustenta, según el magistrado, en la gravedad de los hechos imputados y en que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado con la Justicia española cuando se les planteó la posibilidad de que una comisión judicial se desplazara a EEUU para interrogar a los militares.

El magistrado ha pedido además autorización al Consejo General del Poder Judicial para viajar en octubre o noviembre al lugar de los hechos, donde también murió el cámara ucraniano de Reuters, Taras Protsyuk. La muerte de ambos se produjo el 8 de abril de 2003 durante la entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad, que puso fin a la guerra que derrocó a Sadam Husein.

El Tribunal Supremo ordenó este mes reabrir un caso que ha sido cerrado en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, que alegaba que la muerte de Couso se dio en medio de una guerra y que el juez había destacado los elementos que perjudicaban a los militares, como el testimonio de los periodistas españoles en el hotel, y dejado a un lado los que podrían beneficiarles, como los indicios que apuntaban a la presencia de un francotirador en el hotel.