Buenos Aires. El ministro argentino de Justicia, Julio Alak, informó este jueves a última hora que el gobierno apelará la sentencia emitida por la Cámara Federal que declaró "inconstitucional" el acuerdo firmado con la República Islámica de Irán para investigar el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (SMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994.

Alak, acompañado del canciller Héctor Timerman, sostuvo que el fallo "invade facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional" y recordó que "la justicia, en 20 años, no ha podido resolver la verdad" de aquel atentado terrorista en el que fallecieron 85 personas y más de 500 resultaron heridas.

El ministro de Justicia recordó que "hace poco más de cuatro meses, el juez natural de la causa, (Rodolfo) Canicoba Corral, en un fallo impecable, consideró que las leyes de entendimiento (así mencionó el memorándum de entendimiento eje de la controversia) eran absolutamente constitucionales".

En ese contexto, añadió, que el acuerdo con Irán se rubricó "para avanzar en un campo" en el que el país sudamericano "está en mora desde veinte años".

Alak expresó además que "las relaciones exteriores están confiadas al Poder Ejecutivo y al Senado de la nación y de ninguna manera a los jueces", por lo que anunció que "vamos a apelar esa resolución judicial en todas las instancias correspondientes porque el último intérprete (de la ley) es la Corte Suprema de Justicia de la nación".

La decisión judicial fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, que dio lugar a una acción de amparo interpuesta por autoridades de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), apoyada durante el trámite por el fiscal general Alberto Nissman.

Por su parte, el canciller Timerman consideró que el fallo de la Cámara Federal tiene "una gravedad difícil de dimensionar" y especuló con que "a partir de ahora, cualquier país antes de firmar un tratado con Argentina tendría derecho de exigir que el Poder Judicial lo autorice".

Con tales expresiones, los ministros argentinos salieron al cruce de la sentencia en la que la Cámara Federal declara la inconstitucionalidad del acuerdo rubricado entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el de la República Islámica de Irán en enero de 2013.

El acuerdo entre ambos gobiernos establece la creación de una comisión para avanzar en la investigación del atentado, hecho por el cual la justicia argentina ha acusado a altos funcionarios y ex funcionarios de Irán.

El pacto fue firmado en Etiopía el 28 de enero de 2013 y cuestionado fuertemente por la oposición política argentina, la comunidad judía local e Israel, porque preveía que funcionarios judiciales argentinos se trasladasen a Teherán para tomarle declaración indagatoria a los acusados.

La decisión judicial fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, que dio lugar a una acción de amparo interpuesta por autoridades de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), apoyada durante el trámite por el fiscal general Alberto Nissman.

El denominado memorándum de entendimiento con Irán firmado por la administración de la presidenta Fernández había sido ratificado por el Congreso a través de la ley 26.843 el 27 de febrero de 2013.

El tribunal ordenó que el Poder Ejecutivo no realice actos de ejecución del acuerdo "mientras transiten las eventuales vías recursivas (apelaciones) que contra la decisión puedan ser deducidas (presentadas)".

Además, dispuso que el juez Canicoba Corral cumpla las medidas tendientes a reiterar los pedidos de extradición y asistencia judicial formulados a Irán que no fueron contestados hasta la fecha y requiera a Interpol que reexamine la solicitud de captura de Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, ex canciller de Irán, y Hadi Soleimanpour, ex embajador de Teherán en Buenos Aires.

Asimismo, instó al magistrado a que "extreme los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las detenciones ya dispuestas en la causa".

Tras conocerse el fallo, el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que esa entidad está "contenta" con la decisión.

El acuerdo "no era la herramienta jurídica adecuada para avanzar en la causa AMIA", declaró el directivo a la Agencia Judía de Noticias, mientras que el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (oposición), Mario Negri, pidió al gobierno que "recapacite, que no siga tapándose los ojos y reconozca el error" que supuso haber firmado el acuerdo con Teherán.

En marzo pasado, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Fernández había defendido el instrumento ahora declarado inconstitucional, al expresar que fue "pensado y ejecutado para destrabar" la investigación.

"Todos saben que para poder terminar este proceso es necesario tomarles declaración indagatoria a los acusados. Sin declaración indagatoria no hay posibilidad que se avance ni un milímetro en el proceso", añadió.