El Observador de Uruguay. Julio de Vido, uno de los principales ministros del kirchnerismo en Argentina, fue procesado este martes por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública" en uno de los casos por la adjudicación de obras a la brasileña Odebrecht.

El juez federal Daniel Rafecas procesó al detenido exministro de Planificación Federal y al exsecretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, por haber favorecido a la constructora Odebrecht en la adjudicación de dos contratos para la ampliación de dos gasoductos en Argentina.

La obra, a cargo exclusivo de la empresa brasileña y proyectada para el período 2006-2008, alcanzaba a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país y estuvo presupuestada inicialmente en más de US$2.300 millones.

La investigación apunta a que los acusados realizaron actos para favorecer a la empresa y que resultara adjudicataria de la construcción, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y que "en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera".

La obra, a cargo exclusivo de la empresa brasileña, alcanzaba a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país y estuvo presupuestada inicialmente en más de US$2.300 millones.

El magistrado abrió un proceso penal contra De Vido –quien fue el máximo encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda en Argentina y que está en prisión preventiva por otras causas por corrupción– por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", que según el código penal argentino prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

Para Rafecas, se probó que el exministro "creó el marco normativo necesario" para que se procediera al llamado a una "licitación privada" que, en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, "como se hiciera hasta ese momento", se realizó a través de la empresa de firma mixta Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó el negocio a Odebrecht.

La obra de los gasoductos, detenida por el actual gobierno, se originó cuando en 2005 se lanzaron concursos abiertos para hacer las ampliaciones en la distribución de gas en infraestructuras del norte y sur del país que comprendían cañerías paralelas y la instalación de plantas compresoras.

La firma brasileña admitió haber pagado en Argentina unos US$35 millones en concepto de sobornos.