La Paz. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia definirá esta semana si amplía o rechaza la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, informó hoy el magistrado Pastor Mamani.

La solicitud hecha por el gobierno de Perú puede ser declarada procedente o improcedente, mientras que el empresario permanece en un domicilio en La Paz, afirmó el funcionario judicial a la prensa local en la ciudad sureña de Sucre.

"Hemos recibido un memorial de la Sala Penal del Perú de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual pide que se amplíe por 60 días la detención preventiva de Belaunde en territorio boliviano", explicó.

El magistrado indicó que se ha corroborado la documentación y ha corrido el trámite procedimental, por lo que ahora les corresponde pronunciarse sobre dicha solicitud.

El empresario afirmó la víspera a una radio peruana que evaluará si busca refugio en otro país o regulariza su situación migratoria en territorio boliviano.

Belaunde ingresó a Bolivia el 1 de diciembre de 2014 y posteriormente solicitó ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) una primera solicitud de refugio con el argumento de ser perseguido polítivo en su país de origen.

La petición fue negada por la Conare porque el solicitante no probó ser un perseguido, por lo que apeló en segunda instancia con el mismo el resultado.

El también ex asesor del actual presidente de Perú, Ollanta Humala, cumple en una vivienda de la ciudad boliviana de La Paz detención domiciliaria con fines de extradición.

El empresario enferenta en Perú dos procesos judiciales por los presuntos delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y "lavado" de activos.

La Policía Nacional de Bolivia, a su vez, mantiene "código rojo" con la finalidad de evitar que el ciudadano detenido salga del país sudamericano.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, ratificó que Belaunde Lossio cuenta con un plazo de 30 días a partir del 9 de marzo para abandonar Bolivia o regularizar su situación migratoria, condición desestimada porque ingresó al país de manera ilegal.