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Justicia estadounidense aún revisa ley inmigratoria de Arizona
Jueves, Junio 17, 2010 - 18:46

"El departamento sigue revisando la ley", dijo el portavoz del Departamento de Justicia, pese a una declaración hecha la semana pasada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de que se presentaría una demanda.

Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue revisando una posible impugnación a una polémica ley de inmigración en Arizona, dijo el jueves un portavoz, pese a una declaración hecha la semana pasada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de que se presentaría una demanda.

Clinton dijo en una entrevista televisiva en Ecuador el 8 de junio que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó al Departamento de Justicia impugnar la ley de Arizona, ya que no creía que los estados debieran imponer políticas inmigratorias que podrían diferir.

"El presidente Obama ha hablado contra la ley porque piensa que el gobierno federal debería determinar la política de inmigración", dijo según la transcripción subida al sitio electrónico del Departamento de Estado.

"Y el Departamento de Justicia, bajo su dirección, presentará una demanda contra el acta", dijo a NTN24, cuya sede se encuentra en Colombia.

Sin embargo, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o negar la directiva presidencial.

"El departamento sigue revisando la ley", dijo el portavoz del Departamento de Justicia Matthew Miller.

La ley de Arizona intenta evitar que el estado siga siendo un corredor principal para los inmigrantes ilegales que ingresan al país desde México, y de ser un transitado punto de entrada para cárteles mexicanos que contrabandean drogas al voraz mercado estadounidense.

La ley, que está previsto que entre en vigencia el próximo mes, le exigirá a los oficiales que determinen el estado inmigratorio de cualquier persona que sospechen se encuentra en el país de forma ilegal.

Críticos, incluyendo a altos funcionarios del gobierno, han dicho que podría permitir la discriminación étnica y podría ser inconstitucional.

Autores

Reuters