Un juez argentino procesó este viernes al vicepresidente, Amado Boudou, por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles" con su cargo en un caso de corrupción relacionado con una imprenta de papel moneda, informaron fuentes judiciales.

La decisión del juez federal Ariel Lijo tuvo lugar mientras Boudou se encuentra en La Habana, primera escala de una gira internacional que inició el jueves y que debía concluir la próxima semana en Panamá.

El juez procesó además a José María Núñez Carmona, socio de Boudou, y a un supuesto testaferro del vicepresidente, así como a otros tres implicados en el caso.

Amado Boudou, que ocupó la cartera de Economía entre 2009 y 2011, es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción.

La resolución del juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 señala que Boudou y su socio "habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".

Según la misma resolución, Boudou, "aprovechando su condición de funcionario público", y Núñez Carmona, habrían acordado con los dueños de la imprenta Ciccone Calcográfica la cesión del 70 % de la empresa "a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".

El juez ordenó además un embargo sobre los bienes del vicepresidente por 200.000 pesos (unos US$25.000), según el Centro de Información Judicial.

En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone -actualmente nacionalizada y rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana- a petición del Fisco argentino por deudas impositivas.

La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con Hacienda, y la empresa quedó en manos de The Old Fund, cuyo responsable era Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.

El vicepresidente tendrá que declarar, además, en otro proceso abierto por la presunta compra ilegal de un vehículo con documentación falsa.

La presunta implicación de Boudou en escándalos de corrupción eclipsó su carrera política y le hizo pasar a un discreto segundo plano en los últimos meses.

Defensa apelará. La defensa del vicepresidente argentino, Amado Boudou, dijo que apelará el procesamiento del funcionario por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo dictado este viernes por la Justicia.

El abogado de Boudou, Diego Pirota, anticipó que el viernes de la semana próxima apelará ante la decisión del juez Ariel Lijo, que investiga la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone.

Para el letrado, en la resolución del juez Lijo hay "varias inconsistencias".

"No estamos sorprendidos, porque desde el primer momento vimos todo lo que viene pasando en la causa, y advertimos un montón de circunstancias que no tienen nada que ver con los procedimientos que debe tener una causa", dijo el abogado.

En declaraciones a medios locales, Pirota sostuvo que el magistrado "no necesitaba escuchar a nadie" y que ya tenía decidida esta resolución "antes de tomar las indagatorias".

Boudou declaró ante el juez el pasado 9 de junio y había solicitado este viernes, antes de conocerse su procesamiento, ampliar su indagatoria.

"Todo lo que vino pasando este mes es una farsa, lo que vimos fue una apariencia del ejercicio de derecho, y el magistrado lo manifestó de distintas formas", afirmó el letrado.

Fiscal satisfecho. El fiscal argentino Jorge Di Lello, que investiga la compra irregular de una imprenta de papel moneda, se mostró "satisfecho" por el procesamiento en este caso del vicepresidente del país, Amado Boudou.

"Tengo satisfacción porque creo que con todas las dificultades y con todos nuestros defectos, el Ministerio Público y la Justicia federal cumplió con su convicción de hacer lo que debía", dijo el fiscal del denominado caso Ciccone.

"Ahora debe terminar la instrucción de lo que corresponde a las personas que ya están procesadas, quienes seguramente apelarán, y con el resultado final después quedaría elevar a juicio oral", dijo el fiscal en declaraciones a medios locales.

Oposición pide alejamiento. La oposición en Argentina reclamó que el vicepresidente Amado Boudou se aleje de sus funciones y sea sometido a juicio político con fines de destitución.

Los reclamos, que vienen desde todo el arco opositor, incluyen que el propio Boudou renuncie, que pida licencia, que cualquiera de estas dos opciones se las exija la presidenta argentina, Cristina Fernández, y hasta que el funcionario sea destituido por el Congreso en un juicio político.

Para el diputado y exvicepresidente Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, "los fundamentos de la resolución del juez Ariel Lijo son causa suficiente para el inicio del juicio político del vicepresidente".

"Corresponde un distanciamiento del vicepresidente del Gobierno. Si no se va, la decisión del radicalismo y la mía en particular, es acompañar a los legisladores que quieran iniciar juicio político", consideró Cobos.

El también dirigente radical Ernesto Sanz reclamó el alejamiento de Boudou, que ocupa además la titularidad del Senado argentino.

Sin embargo, Sanz reconoció que la oposición no tiene el peso suficiente en el Parlamento como para habilitar un juicio político.

Para impulsar ese proceso, se necesitan dos tercios de los votos en un Parlamento donde el oficialismo tiene actualmente la mayoría en ambas cámaras.

Por eso, para Sanz, "se impone la licencia inmediata de Amado Boudou".

"El vicepresidente Amado Boudou debe pedir licencia para no causarle más daño al Gobierno. Si no lo hace, se lo debe pedir Cristina Fernández", dijo el también diputado radical Ricardo Alfonsín.

Para la diputada Margarita Stolbitzer, del Frente Amplio Progresista, "el juez, en su fallo, habla claramente de corrupción" y, "por lo tanto, no hay más elementos para sostenerlo".

"El Gobierno tiene que sacarse de encima a este hombre. Este hombre no nos puede estar representando. Le hace mal no sólo al Gobierno sino al país", dijo Stolbitzer.

"La continuidad en su cargo afecta al Congreso y al poder ejecutivo", dijo por su parte la diputada Laura Alonso, de la conservadora Propuesta Republicana.