Caracas. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, rechazó este domingo los actos de injerencia extranjera en los asuntos judiciales del país suramericano y los calificó de "inadmisibles" al apuntar que competen exclusivamente a los tribunales venezolanos.

De acuerdo con una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la representante del Poder Judicial exigió respeto a las decisiones soberanas que se emanan desde los Poderes Públicos.

"Estas prácticas inadmisibles en nada desviarán el curso de la justicia venezolana en su ineludible misión de cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela", expresó.

Las declaraciones de Gutiérrez se producen una vez que el pasado 4 de junio, una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestara que el gobierno de su país sostiene "una profunda preocupación" por la salud de los dirigentes opositores procesados por la justicia, Leopoldo López y Daniel Ceballos.

López y Ceballos, quienes se encuentran apresados desde febrero y marzo de 2014, respectivamente, por su participación en las acciones violentas que dejaron 43 víctimas fallecidas y más de 800 heridos, mantienen desde finales de mayo una huelga de hambre como medida de fuerza en contra del Ejecutivo.

En este sentido, la presidenta del TSJ recordó que ambas figuras de la oposición política son procesados judiciales por su presunta comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico nacional, los cuales serán analizados únicamente por tribunales penales de la nación.

Además, subrayó que se les tienen garantizados sus derechos civiles y que tras la decisión de la huelga, las instituciones del Estado "se mantienen alerta para atender la salud de los enjuiciados".

Lo expresado por la magistrada Gladys Gutiérrez, se enmarca igualmente en la llegada al país del ex presidente del gobierno de España, Felipe González, quien se ha atribuido la defensa legal de los ciudadanos venezolanos.

Ante ello, la máxima autoridad judicial ratificó que González no puede ejercer funciones de abogado dentro del territorio venezolano, puesto que dicha práctica constituiría una flagrante violación a la Ley de Abogados y a la Constitución de la República, que establece una certificación de título profesional para ejercer en la nación.