Desde el 21 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el informe del mayor caso de sobornos en la historia que engendró Odebrecht, el futuro de cientos de políticos y funcionarios de 12 países, en donde la firma repartió coimas por casi US$800 millones, tambalea por sus suspuestos nexos con la gigante constructora brasileña.

Quince meses después, las confesiones del directivo de la firma, Marcelo Odebrecht condenado a casi 20 años de prisión, ya arrojan resultados que suman decenas de detenidos y una larga lista de investigados.

La caída del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) alcanzó un impacto mundial y expuso el poder que tuvo Odebrecht al llegar con su red de sobornos, a cambio de contratos para obra pública, incluso a líderes de naciones, a los mismos que ahora hunde.

Odebrecht dijo que dio casi US$5 millones a firmas de PPK y que financió su campaña, pero el exmandatario niega.

PPK es el primer presidente que cae por la red de corrupción de Odebrecht. La justicia le extendió una prohibición de salida del país por 18 meses y allanó sus propiedades.

“Enfrentamos un clamor popular contra la corrupción que dice basta”, advirtió Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien agrega que este problema en América Latina exige “respuestas más efectivas”.

Por Odebrecht, en Perú ya están presos el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia; el ex mandatario Alejandro Toledo, prófugo en EE.UU., tiene orden de captura. El ex gobernante Alan García es investigado; mientras la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori, cuyo partido fue clave en la caída de PPK, también es acusada.

Perú es el país con más resultados del caso, son casi veinte los políticos detenidos, algunos prófugos y otros investigados.

Antes que PPK, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en diciembre pasado, fue el líder político en ejercicio de más alto rango en haber sido condenado por este caso. Fue condenado a seis años de prisión.

Junto a Glas, ocho funcionarios están ya con sentencia, entre ellos su tío Ricardo Rivera. Mientras, en otros casos, el ex ministro Alecksey Mosquera fue llamado a juicio.

En Brasil, las garras de Odebrecht tienen al borde de la cárcel al expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, condenado a 12 años de prisión y su futuro se decide en los próximos días.

Ex ministros y diputados están entre las figuras de alto rango en el caso. José Dirceu, ex ministro y hombre fuerte de Lula, fue condenado a 31 años de cárcel, pero salió libre con una tobillera electrónica.

El actual presidente Michel Temer o la ex mandataria Dilma Roussef también son parte de una lista de más de 200 políticos de 18 partidos que recibieron dinero de Odebrecht y están bajo investigación.

Las confesiones de Marcelo Odebrecht han permitido investigar a ocho ministros de Temer, a un tercio del Senado y unos cuarenta diputados.

Como en Perú, la trama de corrupción en Brasil afecta a casi toda la clase política.

Al asumir la presidencia de Perú, Martín Vizcarra llamó al país a no perder la fe en las instituciones. Pero expertos advierten que la corrupción amenaza con erosionar la fe en las instituciones y la democracia.

“Enfrentamos un clamor popular contra la corrupción que dice basta”, advirtió Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien agrega que este problema en América Latina exige “respuestas más efectivas”, publicó Efe.

Gaspard Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y del Caribe de la Universidad de Ciencias Políticas de París, ve con pesimismo la situación.

“Se dice que cambiarán las cosas, pero soy pesimista sobre América Latina (...) Vemos que son hábitos practicados por toda la clase política latinoamericana. Hay que cambiar la política, las reglas de financiamiento de los partidos políticos para que esto no vuelva a ocurrir”.

Moreno insiste en que “el fortalecimiento de la democracia demanda instituciones mejor equipadas para aumentar la transparencia y detectar acciones evasivas” a través de “una mayor revisión de cuentas de políticos y funcionarios”. “Dar más claridad en la financiación de las campañas electorales será fundamental”, dice.