La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió en un comunicado que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, no podrá evitar "el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato".

Por ese motivo, llamó a los estados miembros y observadores, así como a otros posibles donantes, a realizar aportes "urgentes y de libre disposición", y a la propia OEA a que "aumente de forma radical" su asignación presupuestaria regular, de 4,8 millones de dólares anuales.

El organismo dijo en la nota que esperaba que esa "decisión histórica y trascendental" sea adoptada por la próxima Asamblea General de la OEA, que sesionará entre el 13 y el 15 de junio en Santo Domingo, República Dominicana.

"Durante muchos años hemos trabajado buscando apoyos, sin avisar a los medios, pero ahora estamos ante una situación gravísima", afirmó el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en declaraciones a la agencia EFE.

"Nos enfrentamos a suspender las sesiones de julio y octubre y cancelar los contratos de casi la mitad del personal, lo que va a afectar de forma brutal a nuestra capacidad de atender casos", agregó.

La Comisión, que además recibe otros cinco millones de dólares de donaciones de países que no forman parte de la OEA, estima que debería disponer de al menos 24 millones para "el cumplimiento del mandato asignado por los propios estados" miembros.

No obstante, los comisionados opinan que para cumplir "el ideal" al que aspira el organismo se precisaría un presupuesto "mucho mayor" a 24 millones.

Los recursos de la CIDH disminuyeron en los últimos años a raíz de la crisis financiera de la OEA, a la que varios de sus miembros adeudan aportes, y de la reducción de las donaciones de países europeos, más enfocados en conflictos en otros continentes.

"Teníamos compromisos de algunos estados europeos y nos han notificado que no serán posibles" porque ahora "priorizan la inmigración y el continente africano ante la crisis de refugiados sirios y de otros países", explicó Cavallaro.

"Es un sistema desfasado en el que tenemos que pedir fondos a los países europeos, a fundaciones, en lugar de que nos los den los estados responsables del sistema americano", añadió.

De las 78 personas que trabajan actualmente en la Comisión, el fondo regular de la OEA paga los sueldos de 31 -"menos funcionarios que países bajo su jurisdicción (34)", subrayó el comunicado-, mientras los restantes 47 son financiados con donaciones, lo que los deja sujetos a "problemas de inestabilidad e imprevisibilidad".

La CIDH tiene actualmente en trámite 6.188 peticiones y casos en cuya gestión trabajan 26 personas de las cuales, si se producen los despidos, sólo quedarán 13, lo que agravará el retraso procesal "hasta un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia".

Por otra parte, si no resuelve su situación presupuestaria, la CIDH no podrá efectuar más visitas a países en el resto del año y deberá cancelar los períodos de sesiones de julio y octubre, con lo que quedará paralizado el procesamiento de denuncias de violaciones de derechos humanos.

"En 2015 los países latinoamericanos y caribeños dieron 200.000 dólares de aportación voluntaria a la CIDH, con 6.188 casos americanos, y 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, que sólo tiene una preinvestigación de México", describió Cavallaro.

"Cuando se ve este tipo de cosas es difícil de entender cuál es la lógica; es preocupante y es algo que tiene que cambiar", indicó.

La CIDH recibió este año 2,8 millones de dólares de dólares en aportes voluntarios, de los cuales 85% provino de Estados Unidos. Además, contribuyeron la Argentina (40.000 dólares), Uruguay (24.460) y Perú (5.000), entre los miembros de la OEA, y Dinamarca (212.681 dólares) y España (47.181).

Cavallaro subrayó que "desde hace más de medio siglo la CIDH es la institución que ha conseguido impedir las peores violaciones de derechos humanos en las Américas" y "la instancia más usada por las organizaciones de protección de los derechos humanos".

Resaltó que "en la Argentina, durante la 'guerra sucia', se salvaron muchas vidas" y es "el mecanismo que más ha insistido en que haya una investigación creíble en el caso Ayotzinapa de México".