El Ministerio Público de Guatemala solicitó este viernes la cancelación del partido oficialista, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), alegando financiamiento electoral ilícito en la campaña que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia en 2016. "El día de hoy la Fiscalía de Delitos Electorales presentó al Tribunal Supremo Electoral la solicitud para iniciar el proceso administrativo de cancelación", anunció la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera.

Esta solicitud, continuó, "pone de conocimiento" del ente electoral que existen "nuevos hechos descubiertos a raíz de una investigación de un supuesto financiamiento que no fue reportado" ante ese órgano. "De conformidad con las normas del financiamiento de los partidos políticos vulnera la normativa electoral constituyéndose en financiamiento anónimo", concluyó Barrera. En 2015, cuando se realizó la campaña electoral, Morales era secretario general de esa organización, además de candidato presidencial.

La petición llega tras las denuncias del caso que públicamente hicieron el pasado 19 de abril la jefa del MP y fiscal general, Thelma Aldana, acompañada por el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. En esa ocasión, ambos ofrecieron detalles de la operación de financiamiento oculto que favoreció al colectivo y cuyo monto fue estimado en aproximadamente un millón de dólares.

Un día después de la denuncia expuesta por el MP y la CICIG, el 20 de abril, Morales se presentó en un acto militar acompañado de su esposa, Patricia, y sus cuatro hijos para rechazar los señalamientos. "No recibí dinero. Está más que claro. Di la instrucción de que mi partido en ese tiempo no recibiera dinero", dijo en tono desafiante. No es la única denuncia de este tipo a la que se enfrenta el Morales, que gracias a una votación en el Congreso que le confirmó su inmunidad evitó una acusación similar en agosto de 2017.

Tampoco es el único caso de corrupción que acapara los titulares hoy en Guatemala. Al menos once personas fueron, en 38 allanamientos practicados por la policía, arrestadas acusadas de integrar una red que introducía contenedores de mercancía evadiendo el sistema aduanero y el pago de los correspondientes impuestos. Además, tras un motín que dejó ocho muertos en una cárcel del sur del país, la Granja Penal Canadá, las autoridades se encautaron de armas de fuego, municiones, teléfonos móviles, droga y dinero en efectivo.