Pierre-Marie Dupuy, miembro del equipo chileno de juristas, respondió así a la pregunta planteada a las partes por el juez marroquí Mohamed Bennouna, en la audiencia del viernes pasado del tribunal internacional.
La Haya, Andina. Chile afirmó este viernes que la Declaración de Santiago de 1952 fue un instrumento de reivindicación política, económica y medioambiental, durante su alegato oral ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Pierre-Marie Dupuy, miembro del equipo chileno de juristas, respondió así a la pregunta planteada a las partes por el juez marroquí Mohamed Bennouna, en la audiencia del viernes pasado del tribunal internacional.
“¿Consideran ustedes, en tanto que signatarios de la Declaración de Santiago en 1952, que podían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas?”, inquirió el magistrado.
Dupuy sostuvo que la Declaración de Santiago, presentada por Chile como un presunto acuerdo de límites marítimos con Perú, buscaba al momento de su suscripción junto con Ecuador, “la afirmación de la solidaridad regional con el fin de promover, en una visión nueva, el derecho internacional” frente a la depredación de recursos naturales.
Agregó que ese instrumento jurídico buscaba también una equidad entre los estados signatarios y aquellos terceros países que incursionaban en sus aguas territoriales para explotar la riqueza ictiológica.
“No cabe duda que las tres partes de la Declaración eran plenamente conscientes de la novedad de su iniciativa que consistía en afirmar, en forma conjunta, su soberanía y competencia exclusiva sobre el mar hasta una distancia de 200 millas náuticas, según el artículo 2 de la Declaración”, refirió.
En su alocución, el jurista argumentó que la firma del documento se ubica en el contexto histórico de “un nuevo derecho internacional” frente al control de las grandes potencias que entonces pescaban en sus aguas territoriales.
Por ello, señaló que ese nuevo derecho debía percibir la soberanía en su dimensión política y económica, frente a la acción depredadora de las grandes potencias occidentales.
“En esa perspectiva, la Declaración de Santiago aparece como el primer manifiesto una reivindicación a la vez política, económica, y para utilizar un adjetivo que todavía no estaba de moda en aquel entonces, medioambiental”, expresó Dupuy.
Añadió que la voluntad en “proteger los recursos naturales que se extendían a lo largo de sus costas, aparecía para los Estados como una necesidad económica en la protección de los derechos de sus pueblos”.
Según explicó, “la audaz iniciativa” de Chile, Perú y Ecuador provocó una serie de protestas de países que desplegaban sus flotas pesqueras en el Pacífico sur, y frente a ello, aseguró que optaron por delimitar sus aguas y recurrieron al acuerdo de 1954 y otros instrumentos de 1968 y 1969 para fijar faros en la zona limítrofe.
“El objeto fundamental (de la Declaración de Santiago) era promover una renovación del derecho internacional basado en una nueva definición de la equidad entre estados, tanto a escala regional como universal”, subrayó.
Para ello, manifestó que los signatarios de “esta iniciativa tan innovadora” aceptaron que la afirmación de soberanía no podía ser tomada aisladamente, y que era necesario un acuerdo dejando de lado una guerra antigua para “enfrentar la codicia de países de otras latitudes porque se veían expuestos a la depredación”.
“El objeto era la solidaridad activa de los signatarios frente a los países depredadores (…) Y no se puede construir la equidad poniendo en tela de juicio la solidaridad”, puntualizó.
