Si las investigaciones sobre el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos veracruzana Nadia Vera y otras tres mujeres confirman un vínculo con la labor periodística del colaborador de Proceso y la agencia Cuartoscuro, “estaríamos en presencia de un acto gravísimo contra la libertad de expresión, sin duda, efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México”, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

El brazo de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos externó alta preocupación sobre el hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de agresiones.

A través de un pronunciamiento oficial, la ONU- DH hizo una firme condena ante el asesinato múltiple el 31 de julio pasado en un departamento en la colonia Narvarte.

Según informes recibidos por esta oficina de la ONU, los cinco tendrían marcas de tortura en sus cuerpos, incluyendo de violencia sexual.

En una entrevista realizada hace ocho meses por la televisora digital Rompeviento TV, Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa y del #YoSoy132, responsabilizó a “Javier Duarte de Ochoa (gobernador de Veracruz) y a todo su gabinete” de cualquier cosa que pudiera sucederles a las personas organizadas en los movimientos sociales en esa entidad.

El fotoperiodista era una voz reconocible en los llamados de justicia de otros colegas periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz.

En las últimas semanas, Espinosa había hecho públicas una serie de amenazas y actos de hostigamiento recibidos en su contra, lo cual lo habría forzado a desplazarse al Distrito Federal en búsqueda de protección.

Según estadísticas oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Veracruz, con 11 periodistas asesinados desde el 2010, es la entidad federativa con mayor cantidad de homicidios de periodistas y de periodistas desaparecidos.

La impunidad, según indicó el ex relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, después de su visita a México en el 2010, “promueve un clima de incertidumbre y desconfianza y constituye uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

Ante ello, la ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos en la investigación de este caso, tanto en el Distrito Federal como en el estado de Veracruz, agotando todas las posibles líneas de investigación.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió a la procuraduría capitalina a esclarecer el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista y promotora cultural Nadia Vera, la maquillista de 18 años Yesenia Quiroz y dos mujeres más, una de origen colombiano de 29 años y una trabajadora domestica de 40 años, hasta ahora oficialmente no identificadas.

“La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene que esclarecer rápidamente este crimen para que precisamente no quede en la impunidad y se pueda conocer la verdad”, expresó.

El ombudsman destacó que el principal problema frente a las agresiones al gremio periodístico es la impunidad que permite las condiciones para que éstas continúen.

En una entrevista realizada hace ocho meses por la televisora digital Rompeviento TV, Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa y del #YoSoy132, responsabilizó a “Javier Duarte de Ochoa (gobernador de Veracruz) y a todo su gabinete” de cualquier cosa que pudiera sucederles a las personas organizadas en los movimientos sociales en esa entidad.

El ombudsman nacional refirió que la CNDH tiene registro de 15 agresiones contra periodistas en esta entidad y reiteró que “todo crimen, desaparición o lesión a un periodista sea debidamente investigada”.

Destacó que en toda indagatoria no debe descartarse el trabajo periodístico de las víctimas como línea de investigación.