Brasilia. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue reelegida este año tras la campaña más reñida que se recuerde en el país, de la que emergió una oposición robustecida con un 48% de los votos y que promete una oposición férrea a la mandataria.

Después de que las elecciones mostraran el pasado octubre una sociedad políticamente partida en dos, Rousseff captó el mensaje de las urnas y se comprometió a emprender reformas de carácter político y económico tras dialogar con todos los sectores de la sociedad.

En uno de sus primeras declaraciones tras las elecciones, la jefa de Estado, quien fue reelegida con un 51,64% de los votos frente al senador socialdemócrata Aécio Neves (48,36%), subrayó la importancia de la reestructuración política para combatir a la corrupción y la impunidad.

La corrupción fue precisamente la palabra más pronunciada durante la campaña electoral, una de las más disputadas de Brasil, y tomó todavía más fuerza tras los comicios, cuando el escándalo por desvíos millonarios en la petrolera Petrobras se agravó con el arresto de un exdirector de la estatal y de ejecutivos de importantes empresas nacionales.

La supuesta corrupción en el seno de Petrobras fue utilizada por la oposición como un arma contra el Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna en el país desde 2003, cuando asumió como presidente por primera vez Luiz Inácio Lula da Silva, padrino político de Rousseff.

Neves, quien tras elecciones se comprometió a encabezar una oposición "responsable" pero también "inquebrantable", arremetió contra el gobierno de Rousseff y denunció que las irregularidades en la estatal están provocando que Petrobras incorpore "una marca perversa".

Además de hacer frente al escándalo que sacude a la mayor empresa de Brasil, la presidenta también viene sintiendo la presión de los oponentes en materia económica, ya que el país tiene un PIB debilitado, una inflación en alza y unas cuentas públicas en rojo.

Desde que Rousseff llegó al poder, la economía brasileña comenzó a dar señales de estancamiento, que el Gobierno ha atribuido al impacto de la crisis global, pero que, según la oposición y el sector privado, responden al "intervencionismo" estatal.

Tras registrar una expansión del 7,5% en 2010, el crecimiento de la economía brasileña fue del 2,7% en 2011, de sólo el 1,0% en 2012 y del 2,3% en 2013, y el gobierno cree que cerrará este año con una expansión del 0,9%, un pronóstico más optimista que el que esperan los expertos, que lo calculan en torno al 0,20%.

"Le daremos un nuevo impulso a la actividad económica en todos los sectores, en especial el industrial, y quiero para eso una sociedad con todos los sectores productivos y financieros", declaró Rousseff tras ser reelegida.

Para llevar a cabo ese cometido, la presidenta brasileña designó a un nuevo equipo económico, que anunció rápidamente metas concretas de ajuste para contener el gasto público y la inflación, la cual se prevé que cierre el año cerca del techo máximo tolerado por el gobierno (6,50%).

El nombramiento de Joaquim Levy como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Guido Mantega fue bien recibido por el mercado, que durante la campaña electoral mostró su respaldo a la política de corte más liberal propuesta por Neves, abanderado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Levy, un economista de perfil ortodoxo, anunció que tiene la meta de que Brasil termine 2015 con un superávit fiscal primario (sin contar los pagos de intereses) equivalente al 1,2% del PIB, que elevará a al menos el 2% del PIB en 2016 y 2017, lo que supone un freno a los gastos públicos.

El segundo mandato de Rousseff comenzará el 1 de enero de 2015 con una oposición fortalecida y que no facilitará las iniciativas en el Congreso, a pesar de que la bancada oficialista mantiene la mayoría, aunque con menos peso tras las últimas elecciones.