Las resoluciones han renovado señalamientos contra la Sala, incluso del Gobierno y del partido en el poder, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque otros sectores la apoyan.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña, que ya estuvo en el centro de una crisis en 2012, ha generado nuevas polémicas con sus recientes fallos, como el que declaró inconstitucional la candidatura del ex mandatario Elías Antonio Saca en los pasados comicios presidenciales.
Las resoluciones han renovado señalamientos contra la Sala, incluso del Gobierno y del partido en el poder, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque otros sectores la apoyan.
La Sala declaró el jueves que fue inconstitucional la candidatura del ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), que buscó la reelección en los pasados comicios, aunque no pasó de la primera vuelta, el 2 de febrero, a la segunda del 9 de marzo.
La Constitución (1983) permite la reelección presidencial alterna, pero, según la Sala, deben pasar dos mandatos de cinco años cada uno para que un exgobernante vuelva a buscar el cargo y en el caso de Saca sólo había transcurrido uno, entre otros argumentos.
El 13 de junio, la Sala declaró también inconstitucional la elección del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, por pertenecer al FMLN, pero no anuló sus actuaciones y lo dejó en el cargo hasta el fin de su período, el próximo 31 de julio.
El 29 de mayo, el turno fue para el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014), a quien la Sala suspendió su incorporación automática al Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras finalizar su mandato, como establece el tratado constitutivo de este órgano con sede en Guatemala.
La Sala dictó esa medida cautelar al aceptar un recurso de una agrupación civil, que argumentó que el tratado del Parlacen transgrede la Constitución, que establece que todos los diputados salvadoreños de ese foro deben ser elegidos por voto.
Pero Funes fue juramentado el 24 de junio en el Parlacen después de que la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, dictaminara que el tratado regional está por encima de la Justicia salvadoreña.
El ex mandatario recibió el apoyo del FMLN y otros sectores políticos, pero organizaciones civiles como Iniciativa Social para la Democracia (ISD) salieron en defensa de la Sala.
"La juramentación del ex presidente (...) constituye una violación a la primacía de la Constitución y al principio de la legalidad ya que desobedece el acatamiento forzoso de un fallo judicial emanado de la Sala de lo Constitucional", señaló la ISD en un comunicado.
El vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, dijo a periodistas que las resoluciones de la Sala deben acatarse, pero advirtió de que "hay que tener cuidado con los límites de cada instancia".
"No vamos a estar a cada rato invalidando un montón de cosas, porque, si no, nadie va a tener confianza" de ocupar cargos públicos o tomar decisiones, señaló.
"Si alguien cree que hay un montón de cosas" incorrectas, "lo mejor será que aquellos interesados propongan una reforma constitucional para ponernos de acuerdo de verdad", sentenció.
El FMLN y el titular de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acusaron a la Sala de reformar la Constitución en su fallo que anuló la elección del presidente del TSE al añadir la frase "no tener ninguna afiliación partidista" al artículo sobre los magistrados electorales.
"Este fallo tiene gravísimas derivaciones políticas y jurídico-constitucionales", afirmó Reyes.
El FMLN dijo en un comunicado que la sentencia sobre Chicas "evidencia el carácter arbitrario, subjetivo y nocivo de la Sala de lo Constitucional, pues viola derechos constitucionales de los ciudadanos" afiliados o sólo vinculados a un partido político.
El partido gobernante recordó que "este recurrente y nocivo procedimiento de la Sala (...) también fue aplicado" en fallos anteriores que anularon elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Cuentas de la República.
La anulación en 2012 de la elección de 20 magistrados titulares y suplentes de la CSJ desató una crisis institucional que se prolongó más de dos meses.
Sobre el caso del ex presidente Saca, el ex ministro de Economía y ex diputado del partido minoritario Cambio Democrático Héctor Dada se preguntó qué consecuencias hubiera tenido el fallo de haber ganado ese exmandatario las pasadas presidenciales.
La Sala tiene pendiente un recurso de inconstitucionalidad contra el ahora presidente, Salvador Sánchez Cerén, el cual, como en el caso de Saca, no resolvió antes de las elecciones para evitar "un trastorno".
La demanda contra Sánchez fue interpuesta en 2013 por un grupo de abogados que señaló que se beneficiaba de su condición de vicepresidente del país para su campaña electoral.
