Lima. Con un amplio acuerdo sobre la necesidad de legislar y establecer políticas públicas dirigidas a promover y asegurar la seguridad alimentaria y nutricional, finalizó la V Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, realizada entre el 5 y 6 de mayo en Lima, Perú, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el gobierno del Perú.

La cita reunió a representantes de 16 países de América Latina y el Caribe, y a exponentes de diversas organizaciones regionales e internacionales. 

Según el coordinador del proyecto FAO de apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, Juan Carlos García Cebolla, se puede percibir que los países “han ido reafirmando la importancia de las políticas de desarrollo social, tanto porque permiten asegurar el acceso a los alimentos, como por su influencia en la creación de capacidades básicas”.

García Cebolla también destacó que la agricultura familiar ha ido cobrando mayor importancia en los últimos años, y que muchos países se encuentran construyendo o reforzando los instrumentos de apoyo a este sector. Otra tendencia regional es la creciente participación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas e institucionalidad en los países, y la importancia de fortalecer el mercado de trabajo agrícola y rural para garantizar la seguridad alimentaria.

“La acción pública es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, principalmente en el contexto de volatilidad de precios de los alimentos que enfrentamos hoy, y al cual los países se han enfrentado mediante el aumento de políticas de apoyo a la agricultura familiar y producción local de alimentos y el fortalecimiento de los programas de seguridad social para apoyar a los más vulnerables”, agregó el director de Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fernando Soto Baquero.

Las alzas de los precios de los alimentos serán el eje central de dos seminarios organizados por la FAO, Cepal e IICA, que se llevarán a cabo en junio en Chile y en El Salvador para revisar las alzas y discutir las acciones para limitar sus efectos.

Ley y plan de seguridad alimentaria. Durante la clausura del evento, la presidenta del Consejo de Ministros del gobierno peruano, Rosario Fernández, anunció la conformación de una comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional para elaborar un proyecto de ley y plan de seguridad alimentaria y nutricional para el país.

Según Fernández, dichas iniciativas “constituirán la hoja de ruta que han de seguir nuestros próximos gobernantes para que con un trabajo articulado entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y los diversos miembros de la sociedad civil, se puedan seguir alcanzado importantes resultados en la mejora de la alimentación, nutrición, y salud de nuestra nación”.

“La decisión del gobierno peruano es una señal más de que los países de América Latina y el Caribe están conscientes de que la alimentación es un derecho fundamental de todos sus ciudadanos, y es una clave para el desarrollo de sus poblaciones”, afirmó García Cebolla.

Por otro lado, en la reunión, la representante del Ministerio de Agricultura de Jamaica, Zuliekha Budhan, indicó el interés de su gobierno por la Iniciativa y por conocer las experiencias de otros países, dado que actualmente se encuentra trabajando en políticas y legislación sobre seguridad alimentaria y nutricional.

Un esfuerzo contra el hambre. La Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre fue lanzada en 2005 por Brasil y Guatemala, y respaldada por el conjunto de los países de la región. Sus objetivos son erradicar el hambre y la desnutrición infantil, reforzar las capacidades nacionales para llevar adelante políticas públicas y programas de seguridad alimentaria, y garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos.

El grupo de trabajo es el mecanismo que los países establecieron para hacer seguimiento de la Iniciativa. Anteriormente las reuniones del grupo se celebraron en Guatemala (2006), Colombia (2007), Argentina (2008) y Ecuador (2010).