Chicago. Activistas latinos realizaron este martes una protesta afuera del cuartel general de la campaña del presidente Barack Obama para la elección del 2012, para pedirle que termine el programa de deportación de criminales que dicen ha incluido a muchos indocumentados que no han cometido delitos.

La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) estableció el programa Comunidades Seguras en sociedad con agencias de seguridad locales, así como el FBI, para deportar a inmigrantes ilegales hallados culpables de crímenes.

"Ellos dicen que es para deportar inmigrantes criminales, pero en realidad, eso no está ocurriendo", dijo Xochitl Espinoza, del grupo activista Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, que participó en la protesta del martes.

Obama está a favor de una profunda reforma al sistema de inmigración, para fortalecer la seguridad fronteriza y las leyes laborales, y a la vez garantizar a millones de indocumentados sin antecedentes una oportunidad de convertirse en ciudadanos si pagan una multa y aprenden inglés.

Pero, según cifras del ICE, las autoridades estadounidenses deportaron a 392.862 ciudadanos extranjeros en el 2010, de los cuales menos de la mitad -195.772- eran criminales convictos.

Los manifestantes llevaron una petición firmada por 24.300 personas en la que piden al presidente demócrata abolir el programa. Ellos se quejaron de que da poderes a la policía para que actúe como agentes de inmigración.

"El propósito de este evento no es pedir un proyecto de ley, sino solicitar a Obama que haga un ejercicio más valiente y osado de su autoridad como presidente", dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza. "Obama tiene el poder de tomar la decisión para poner fin al programa", agregó.

Los estadounidenses están divididos sobre qué hacer con los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, que viven y trabajan en las sombras en Estados Unidos.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se oponen a una reforma profunda del sistema de inmigración, y prefieren una aplicación más severa de las medidas existentes.