Legisladores republicanos han acusado al Departamento de Justicia de ocultar por meses documentación requerida y entrevistas con funcionarios sobre el programa "Rápido y Furioso", un programa dirigido a capturar a traficantes de armas, algo que los funcionarios niegan.

Washington. Desde diciembre del 2009, un distribuidor legal de armas de Arizona se mostró reacio a seguir vendiendo armamento como parte de un operativo encubierto para rastrear su flujo hacia los cárteles de la droga en México, dijeron el lunes legisladores republicanos.

Dos armas vendidas en la operación, conocida como "Rápido y Furioso", terminaron casi exactamente un año después en la escena del crimen en la que un agente fronterizo estadounidense murió en un tiroteo con inmigrantes ilegales que intentaban ingresar a ese país.

"Rápido y Furioso" es una operación encubierta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) para atrapar a compradores de armas en la frontera de Estados Unidos y que eran llevadas de contrabando a México por cárteles de drogas.

Las autoridades esperaban que el programa ayudaría a rastrear las armas hasta los líderes de los cárteles.

Legisladores republicanos han acusado al Departamento de Justicia de ocultar por meses documentación requerida y entrevistas con funcionarios sobre el programa, algo que los funcionarios niegan.

Chuck Grassley, republicano de alto rango de la Comisión Judicial del Senado, y Darrell Issa, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, renovaron su pedido por los documentos relativos al encuentro del 17 de diciembre del 2009 con un traficante de armas.

Los legisladores dicen tener evidencia de que el vendedor estaba preocupado por un crecimiento en la venta a quienes comerciaban armas con los cárteles: un grupo de compradores adquirieron 212 armas en unos pocos días.

"De acuerdo a testigos, esa reunión tuvo como propósito convencer al distribuidor de armas de que le siga vendiendo a los sospechosos y que siguiera dando información a la ATF pese a las dudas causadas por el alto volumen de compras", dijeron Issa y Grassley en una carta al Fiscal General Eric Holder.

La correspondencia de la ATF dada a conocer hace tres meses sugería que los vendedores de armas comenzaron a obstaculizar la operación en abril del 2010, no en diciembre del 2009.

Los fiscales mostraron una escena diferente de la reunión en un informe de enero de este año entregado a legisladores, que señaló que el vendedor se mostró preocupado de estar en peligro o de violar la ley. Le dijeron que no informara que participó en la operación.

Pero al vendedor también le dijeron que la información que había dado sobre grandes volúmenes de ventas de armas era "muy importante y útil en las investigaciones de la ATF", dijo el informe, al que Reuters tuvo acceso, sugiriendo que fue presionado para que siguiera con los negocios.

El agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Brian Terry fue asesinado en un tiroteo con los inmigrantes ilegales en diciembre del 2010. En el lugar se encontraron dos armas que fueron rastreadas hasta la operación. Aún no se ha revelado si alguna de esas armas fue responsable de la muerte de Terry.