Bogotá. Los legisladores que integran el nuevo Congreso de Colombia asumieron este martes recibiendo como herencia el desafío de aprobar cruciales reformas económicas y políticas, pero tal vez su principal reto sea el de recuperar la legitimidad que perdió en los últimos años.

La principal mancha del anterior legislativo se debió a acusaciones de vínculos de algunos de sus miembros con antiguos paramilitares de ultraderecha que financiaron sus campañas y promovieron sus candidaturas en zonas bajo su control, lo que habría garantizado su elección.

Las acusaciones llevaron a la cárcel a unos 30 congresistas que pertenecían a la coalición que apoyaba al presidente Álvaro Uribe, entre ellos su primo.

Cerca de la mitad de los elegidos para el Congreso -que se posesiona para un período de cuatro años el día del bicentenario de la Independencia- son caras nuevas en una de las instituciones más corruptas e ineficientes en la democracia colombiana, reconocida como una de las más antiguas y sólidas de América Latina.

Casi 90% de las 102 bancas del Senado y las 166 de la Cámara de Representantes quedaron en manos de la coalición que llevó a la Presidencia al oficialista Juan Manuel Santos, quien asumirá el 7 de agosto, lo que le asegura una alta gobernabilidad, algo que no cambia frente al anterior legislativo.

"El Congreso de Colombia nunca ha sido independiente del Gobierno, siempre ha tenido mayoría de coalición del Gobierno", dijo a Reuters Mónica Pachón, politóloga y directora del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes.

Reformas. El nuevo Congreso deberá acelerar la aprobación de reformas como la del sistema de salud que está a punto de colapsar, una propuesta para elevar a rango constitucional la estabilidad macroeconómica como un derecho de los colombianos y una regla fiscal dentro de un proyecto de ley para modificar el estatuto orgánico del presupuesto.

El Gobierno también presentará al legislativo una reforma para el manejo y distribución de las regalías que distribuye a las regiones producto de la explotación de recursos petroleros y mineros, en medio del auge de esos sectores que ha significado multimillonarios ingresos de inversión extranjera.

"Hay varios retos, es una agenda legislativa muy complicada", precisó Pachón.

"Por un lado hay temas de carácter urgentes que tienen que ser resueltos y hay otros de carácter estructural que no parecen estar dentro de la agenda", agregó.

Además, el Congreso tendrá que aprobar la propuesta del presidente electo de separar algunos ministerios que se unieron en el pasado, como las carteras del Interior con la de Justicia, la de Vivienda con Medio Ambiente, y la de Trabajo con Seguridad Social.

También se tienen pendientes una reforma a la justicia, una ley de apoyo a las víctimas de los grupos irregulares y otra ley de tierras.