La Paz. El gobierno izquierdista de Evo Morales instaló este jueves una comisión que reglamentará la aplicación de una recién promulgada ley antirracismo, pese al rechazo de empresarios de medios y periodistas que denunciaron esa norma como un atentado a la libertad de expresión.

La mayoría de las organizaciones de periodistas se negó a integrar la comisión, que inició sus labores seis días después de que Morales, el primer gobernante indígena del país, firmara la ley que prevé la suspensión de licencia de medios que alienten el racismo.

"Llamamos nuevamente a los periodistas a que participen en la redacción del reglamento de una ley que no afecta en nada a la libertad de expresión, porque Bolivia es un país libre, democrático, súper democrático", dijo a reporteros el vicepresidente Alvaro García antes de la primera sesión de la comisión.

De la ley, los críticos rechazan especialmente un artículo que dispone que "el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentaciòn".

El reglamento debe estar aprobado a más tardar a principios de enero del 2011, según señala la misma ley que es apoyada por pueblos indígenas, sindicatos y grupos de derechos humanos que constituyen el núcleo de respaldo político del gobierno y enviaron delegados a la comisión redactora.

Debate. El defensor del pueblo, Rolando Villena, dijo que el debate y las acciones de rechazo a la ley antirracismo parecían haber sido afectados por "un alto grado de politización".

Villena se refirió así a una campaña de recolección de firmas en demanda de modificación de la ley emprendida por asociaciones de periodistas y sindicatos de trabajadores de la prensa, con amplio respaldo de cadenas privadas de televisión.

"Hay que aceptar que somos un país racista, estamos soslayanado este tema que es central. Una vez que asumimos esto, tenemos que revertir esta situación", agregó Villena al incorporarse a la comisión redactora del reglamento, dirigida por el ministro de la Presidencia, Oscar Coca.

Morales, en un encuentro con indígenas que coincidió con la instalación de la comisión, dijo que quienes se oponen a las sanciones de la ley antirracismo "no son tobos los periodistas y dueños de medios de comunicación".

"Nosotros somos los más víctimas del racismo que llegó en 1492 cuando los europeos, los españoles, un 12 de octubre nos han invadido", afirmó el mandatario socialista que "refundó" el empobrecido país llevando a las mayorías indígenas al centro del poder político.

"Nos han traído racismo, intentaron acabarnos a todos y todas, no pudieron, sin embargo queda todavía el racismo", agregó, asegurando que la polémica ley busca castigar a quienes cometen racismo pero no afectar al ejercicio del periodismo.