La ministra de Salud, Carmen Castillo, no descartó que una futura ley de interrupción del embarazo excluya a los recintos asistenciales pertenecientes a instituciones que decidan no practicar abortos a sus pacientes.

La secretaria de Estado sostuvo que hasta ahora el proyecto de ley contempla objeción de conciencia individual. “Veremos cómo sigue el trabajo en el debate en el Congreso”, agregó.

“Habría que discutirlo. Hay que conversarlo con un poco más de altura de miras. Si llega una mujer con problema de vida no podrán decir no, es que yo no puedo intervenir”, aseveró.

Añadió que “también está el criterio médico, hay que aplicar una conciencia total de cómo vamos a trabajarlo. Esto no es tomar decisiones voluntariosas, es un tema de decisión informada, con protocolos muy estrictos, con claridad y respaldo técnico para no hacer más de lo que nosotros estamos proponiendo”.

Castillo dijo que no existe una cifra estimativa de los embarazos que podrán acogerse a la normativa legal que comenzará a discutirse en el Congreso en marzo, pero que la ley buscará representar a todas las personas.