La sala plenaria del Senado de Colombia aprobó este martes, en último debate, la ley de inteligencia y contrainteligencia que busca principalmente controlar a los funcionarios del Estado que adelantan labores de interceptaciones telefónicas fundamentalmente.

La iniciativa, conocida como ‘Ley Anti-chuzadas’, establece el marco jurídico para evitar que los organismos de inteligencia del Estado sigan actuando “sin Dios ni ley como lo han venido haciendo”.

El ponente del proyecto, senador Juan Manuel Galán, dijo que el proyecto establece que no se puede hacer una interceptación o 'chuzadas' sin la autorización de un juez y sin que medie una operación ordenada por un superior jerárquico.

“No se puede hacer una interceptación sin la autorización de un juez”, recalcó Galán para explicar cómo serán ahora los seguimientos telefónicos.

Espectro electromagnético. En cuanto al espectro electromagnético, se estableció que debe haber una operación en curso y autorización de un superior para que un funcionario pueda adelantar misiones en ese sentido.

En cuanto a los archivos de inteligencia y su reserva, ésta será de 30 años y 15 años facultativos del presidente de la República, que lo podría extender según la necesidad y justificando que se amerita por la seguridad del país.

Existirá una comisión parlamentaria que hará seguimiento a los dineros que utilizan los organismos del Estado para hacer labores de inteligencia y contrainteligencia.

Los funcionarios que filtren información reservada serán objeto de un proceso penal, donde se les podrían aplicar penas de aproximadamente cinco años.