El grupo, del que no se ha facilitado las identidades, viajó en un vuelo fletado por el Ejecutivo español, y a partir de ahora recibirá ayudas económicas para manutención, alojamiento, asistencia legal, psicológica, sanitaria y para la integración laboral.
Madrid. Unos 37 ex presos políticos cubanos y más de 200 familiares llegaron este viernes a Madrid como parte de un acuerdo entre la Iglesia católica y el gobierno que ha sacado de la cárcel a decenas de disidentes desde julio, según el ministerio de Asuntos Exteriores español.
El grupo, del que no se ha facilitado las identidades, viajó en un vuelo fletado por el Ejecutivo español, y a partir de ahora recibirá ayudas económicas para manutención, alojamiento, asistencia legal, psicológica, sanitaria y para la integración laboral.
Tras la llegada del numeroso grupo, que se eleva a 245 personas, diversas ONG especializadas que colaborar con el gobierno se encargarán de organizar su acogida en distintos puntos de España tras analizar las necesidades de cada familia y la disponibilidad de plazas en los centros de acogida.
Entre los 115 ex presos políticos que han viajado a España desde julio pasado, acompañados por 647 familiares, están incluidos 40 opositores del grupo de los 75 condenados a penas de entre 6 y 28 años en 2003, en un proceso conocido como "Primavera Negra".
En el momento del acuerdo entre la Iglesia y el presidente Raúl Castro permanecían en prisión 52 integrantes del grupo original. Doce de ellos se negaron al exilio y permanecen en la isla en libertad condicional.
El diario español El País dijo en su edición digital que entre los que viajaban el jueves está el ex preso político Orlando Fundora, condenado a 18 años de cárcel en 2003 y que más tarde fue puesto en libertad condicional por razones de salud. Ni el Ministerio de Exteriores español ni la embajada española en La Habana confirmaron este dato.
Algunos de los disidentes, a los que el gobierno de Cuba considera "mercenarios" al servicio de Estados Unidos, viajaron inicialmente a Madrid pero fijaron más tarde su residencia en territorio estadounidense, Chile y otros países.
Una vez en territorio español, a los ex presos se les ofrece la posibilidad de presentar una solicitud de protección internacional. Después, las autoridades españolas tienen un plazo de seis meses para decidir el estatuto que se les aplica.
Las liberaciones han sido aplaudidas por la comunidad internacional pero los disidentes sostienen que el gobierno de la isla ha aprovechado el acuerdo para deshacerse de la oposición.
La llegada de los 37 excarcelados pone fin al proceso de liberación de presos de conciencia en Cuba, iniciado el pasado 13 de julio.
