Los actores involucrados en el cambio de mando en la capital están asumiendo nuevos papeles en esta historia que completa casi medio año. La figura del alcalde encargado abre un debate sobre la necesidad, la urgencia y el cómo de unas elecciones atípicas, para determinar quién ocupará el cargo en el Palacio Liévano hasta el último día de 2015.

El mandatario destituido, Gustavo Petro, perfila lo que será su posición política y su lucha judicial a dos meses de las elecciones presidenciales y en desarrollo del proceso de paz con las Farc. Una transición forzada será aún más difícil si ninguna de las partes asume la importancia de los intereses de los bogotanos por encima del momento político.

El presidente Juan Manuel Santos nombró a Rafael Pardo como alcalde encargado de Bogotá. Lo hizo segundos después de anunciar que no concedería las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a Gustavo Petro de la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría, y que, por lo tanto, el fallo quedaba en firme de manera inmediata.

Minutos después de conocerse la noticia, todo el gabinete de Gustavo Petro se reunió. En un momento de la noche, el ex alcalde llegó al encuentro y discutió con sus subalternos sobre el futuro inmediato. Los secretarios tenían dos opciones: quedarse en el gabinete hasta garantizar una transición efectiva con la administración Pardo (y con quien le suceda), pensando en que el cumplimiento del plan de desarrollo de la ‘Bogotá Humana’ se dé sin traumatismos.

La otra opción que tenían era renunciar, no sólo por solidaridad con Gustavo Petro, sino porque quedarse implicaría trabajar para “un gobierno que es fruto de una violación de derechos que se cometió”, explicaba Jorge Rojas, secretario de Integración Social. La decisión fue la segunda.

En un acto de “responsabilidad política”, el gabinete y por lo menos nueve funcionarios más de alto nivel decidieron trabajar hasta el 1° de abril.

Es decir, que el ministro de Trabajo, y ahora alcalde encargado, deberá hacer un empalme rápido con funcionarios en calidad de encargados. En la Casa de Nariño, según fuentes de este diario, reaccionaron ante la renuncia masiva dando la orden en cada uno de los ministerios para que funcionarios apoyen la labor que desde ayer asumió el nuevo alcalde encargado y contribuyan en evitar que los programas, las obras y el normal funcionamiento del Distrito se interrumpieran por la crisis institucional.

De hecho, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que el Gobierno “hace un llamado para que juntos trabajemos por la ciudad y por superar sus grandes retos: mejorar la seguridad, la movilidad y la situación que afecta a Transmilenio”.

Elecciones atípicas. En el Gobierno saben que la interinidad de Rafael Pardo se puede extender. La ley dice que Santos debe esperar a que el movimiento que inscribió la candidatura de Petro en 2011 presente, en los próximos 10 días, una terna para escoger de ahí a un alcalde encargado. Una vez lo escoja, deberá convocar a elecciones atípicas, las cuales se deben realizar en menos de dos meses, contados a partir del nombramiento del nuevo encargado.

Sin embargo, como las personas que inscribieron a Petro (el caricaturista Vladdo, la académica Consuelo Ahumada y el excontralor Carlos Ossa) no se han puesto de acuerdo sobre presentar o no la terna, y el exalcalde ha dicho que no responde a ningún movimiento político, aún es un misterio cuánto tiempo durará Pardo como encargado.

En caso de que pasados los 10 días hábiles que indica la norma Santos no haya recibido la terna, él tendría libertad de tiempo y política para mantener a Pardo en el encargo hasta las elecciones atípicas o nombrar a alguien cercano a Petro y su movimiento, mientras se convoca a los bogotanos a las urnas para elegir a un nuevo mandatario.

El ministro del Interior fue enfático en que sí se convocará a elecciones e insinuó que, en caso de que no se presente una terna, no se designaría a un nuevo alcalde encargado, sino que el presidente mantendría a Pardo hasta que se desarrollen las votaciones.

No obstante, fuentes cercanas a la campaña reeleccionista de Santos le confirmaron a este diario que lo mejor sería que el proceso electoral de Bogotá no se desarrolle al mismo tiempo que la carrera por la Presidencia 2014-2018. Además, que obrarán con mucha cautela, pues un eventual protagonismo del presidente en la pelea de Bogotá es una jugada que no se sabe si podría dar réditos políticos o jugar en contra en los próximos comicios por la Casa de Nariño.

En los círculos cercanos del exalcalde Petro el pronunciamiento que hizo el presidente Santos en la tarde del miércoles, en el que anunció que no reconocía las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que firmaba el fallo de destitución emitido por la Procuraduría, fueron asumidas como una traición. Daban por descontado que Santos acataría las medidas cautelares y que la suerte del mandato progresista se jugaría en las urnas el próximo 6 de abril, fecha en la que se votaría la revocatoria del mandato, que ya fue cancelada oficialmente por la Registraduría.

Ahora, radicalizarán posiciones. Por ejemplo, antes los defensores de Petro decían que de ser destituido, el exalcalde promovería el voto en blanco. Ahora descartan la utilidad del voto y de las instituciones democráticas.

La solución para lo que ellos han denominado una injusticia es, a su juicio, una Asamblea Nacional Constituyente que vuelva a “construir la democracia”.
Teresa Muñoz, exfuncionaria del Distrito y muy cercana al mismo exalcalde Gustavo Petro, confiesa que la masiva asistencia a la Cumbre Agraria y Popular que ocurrió en Bogotá el pasado fin de semana, así como el abstencionismo electoral y los movimientos del voto en blanco, demuestran que llegó la hora de replantear “las bases de un país que sí esté dispuesto a la paz”. Para ello, desde la próxima semana, el exalcalde estará trabajando en unas correrías por todo el país, que empezarán en Barranquilla, promocionando su constituyente.

Incluso, el exsecretario de Gobierno de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a las Farc, que también han pedido que se realice una Asamblea Constituyente para refrendar los eventuales acuerdos a los que llegue esa guerrilla con el Gobierno Nacional en La Habana.

Les dijo que tuvieran “mucho cuidado”, pues este tipo de “atropellos” iban a ocurrir también contra ellos cuando se reinserten en la vida política nacional y que tuvieran cuidado del tipo de “traiciones” a los que “los expuso el presidente Juan Manuel Santos”. Más aún, en el discurso de despedida del pasado miércoles, Petro dijo que iría a La Habana a hablar de lo que él piensa que constituye “un golpe de Estado en Bogotá”.

¿Nueva ‘tutelatón’?. Pero el petrismo no se quedará quieto en lo judicial. Ayer en la tarde se radicaron ante la Corte Constitucional varias tutelas, pidiendo que se le ordene al presidente Santos retractarse de su decisión de desconocer la solicitud de medidas cautelares que hizo la CIDH. Los seguidores del exalcalde consideran que el hecho de haberse negado a aplicar las medidas es algo inconstitucional.

Tampoco descartan que la Corte Constitucional tome la decisión de revisar los fallos de tutela que salieron del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, negándole a Petro la posibilidad de seguir en la Alcaldía. Además, creen que es posible que Petro se presente a las presidenciales de 2018 por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le devuelva sus derechos políticos.

Finalmente,  se espera que las organizaciones de víctimas y derechos humanos radiquen ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia por prevaricato, en contra el presidente Juan Manuel Santos, bajo el argumento de que con su decisión de no aceptar las medidas cautelares, acabó o, al menos, puso en riesgo los mecanismos de defensa que tienen las víctimas en el país.

En lo inmediato, el ex alcalde viajará el próximo lunes a Washington para hablar de su destitución con la CIDH; todavía no está claro cuánto durará el ministro Pardo en el cargo; el gabinete saliente tendrá apenas una semana para hacer empalme con los nuevos funcionarios encargados, y entre tanto, la capital enfrenta grandes retos.

La crisis de Transmilenio, la construcción del Metro, grandes intervenciones viales como la planeada en la avenida Boyacá, la crisis de infraestructura y de malla vial, la consolidación del modelo de basuras, los cambios en educación y atención a población vulnerable o los planes de seguridad, que estarán al vaivén de una crisis institucional más, en una ciudad que ha visto pasar tres alcaldes en cinco años.