Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita dicen que, en la investigación realizada sobre los contratos de Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, con el Estado, nunca fue una prioridad señalar que el mandatario conocía estas actividades. El objetivo –dicen– era develar la forma de hacer contratación pública en este gobierno. Los autores de El Gran Hermano afirman que la demanda que el presidente les planteó por daño moral ha sido una cortina de humo para ocultar cómo se firmaron esos contratos.

-Fabricio Correa ha dicho que la sentencia de la jueza Mercedes Portilla en su contra es exagerada. ¿Qué opinan de esta aseveración, de quién es el centro de la investigación de su libro?

CZ: Fabricio Correa ha sabido sortear las respuestas. Si fuera torero, sería Manolete. Él va a referirse de alguna forma siempre favorable a nuestra condición porque los perseguidos somos nosotros. Él no.

JCC: Es un buen surfista. Sabe sortear las olas más complicadas. Cuando él señala que es un abuso, es algo que casi todo el país lo ha dicho. Es una sentencia injusta porque no es cuestión de poner un dólar o un millón. Es un problema de ética judicial, de una jueza que no valoró las pruebas y dictó una sentencia sin que el actor haya presentado prueba alguna.

-¿Llamarán de nuevo a Fabricio Correa a declarar en el juicio?

JCC: Esto está bajo análisis de la defensa. Nuestra obligación es revocar esta sentencia y nuestro deseo es que haya jueces que nos garanticen un juicio independiente, sin presiones, que no estén atemorizados por los cambios judiciales y actúen de acuerdo a derecho.

-La denuncia sobre los contratos se hizo en junio del 2009, pero no se ha sancionado a nadie. ¿Cuáles han sido las omisiones de los organismos de control?

JCC: La Contraloría hizo un examen y dijo que eran US$167 millones. Emitió ciertas responsabilidades administrativas y penales, y un par de estas fueron desvanecidas en la Fiscalía. Esa es una gran omisión. En la Asamblea, una enorme corresponsabilidad histórica la tiene la mayoría de PAIS, que prefirió no investigar porque se trataba del hermano del presidente. Nosotros hicimos el trabajo que tenían que hacer los organismos de control.

CZ: En la primera etapa de los reportajes, publicados en el 2009, se evidenciaba que los organismos de control tenían que haber investigado el patrimonio real de Fabricio Correa. Tenía que conocerse bajo qué circunstancias se apalancaron los contratos. Eso es lo que tenía que investigar la Fiscalía, la Contraloría y la Asamblea, pues Fabricio Correa, hasta el 2006, en que su hermano llegó a disputar la segunda vuelta, era un empresario quebrado. ¿Cómo, en solo tres años, logra construir una infraestructura importante para enfrentar todos esos contratos?

-¿Consideran que la terminación unilateral de los contratos fue una cortina de humo?

CZ: Fue una acción desesperada para evitar la caída de popularidad del presidente, porque este es un gobierno que actúa bajo encuestas. Luego se fue ajustando toda la estrategia jurídica. Recordemos que al inicio el procurador estaba analizando los mecanismos más correctos para acabar con esos contratos y, en pleno estudio, le vino la decisión y no tuvo más que ajustarse a ese engranaje y asumir el discurso presentado por Vinicio Alvarado, quien anunció la terminación de los contratos.

JCC: Cuando publicamos la investigación en el diario Expreso, el presidente defendió los contratos de su hermano. Durante casi 15 días dijo: “Que me demuestren qué de ilegal tienen estos contratos y en qué se ha perjudicado al país”. Luego cambió su postura dramáticamente y decidió la terminación unilateral de los contratos.

-Fabricio Correa no solo ha admitido su investigación, sino que ha asegurado que el presidente sabía de sus contratos. La Veeduría Ciudadana integrada para vigilar estos contratos estableció que el mandatario sí los conocía, pero los dardos han ido en contra de ustedes.

CZ: Quien nos habló primero de que el presidente sí conocía de los contratos fue el ex gobernador de Loja, Nilo Córdova. Pero en nuestra investigación ese tema no era la prioridad. Esto se desprende cuando se publica el libro y empieza esta confrontación de si él conocía o no de los contratos, que ha sido netamente política.

JCC: Nuestra intención era ir al hecho. Ha sido una cortina de humo para ocultar cómo se firmaron esos contratos y llegar a las investigaciones.

-¿Los testimonios y pruebas que presentaron en su proceso fueron valoradas por las autoridades de control y de justicia?

JCC: Dudo que la jueza haya leído el libro, si no, no hubiera escrito el disparate jurídico que está en la sentencia, pues no hace ninguna referencia a las 35 pruebas presentadas y a las ocho horas de grabaciones levantadas por un perito. El presidente dice que se le ha causado daño moral porque ha sufrido dolor físico, afectación psicológica. Eso se prueba con documentos de que tuvo un tratamiento, fue al spa a relajarse. Pero el presidente lo probó con su juramento y los argumentos de ese juramento son ilegales porque no están contemplados en el Código de Procedimiento Civil.

CZ: Lo más importante de este proceso es que están judicializadas todas las pruebas que ponen en evidencia lo que el presidente ha querido negar reiteradamente: Que él conocía de los contratos. Así que la ciudadanía tendrá que debatir sobre esos documentos.

-¿Creen que se está sentando jurisprudencia con este tipo de sentencias?

CZ: Una jurisprudencia y una dirección de lo que quiere hacer el Gobierno respecto al trabajo periodístico: primero, controlarlo y, si no puede controlarlo, destruirlo.

JCC: Esto no es jurisprudencia. Es una payasada. Pretender usar la ley para castigar a quienes descubrieron los hechos no puede llamarse jurisprudencia.

-¿Qué tipo de peligros genera este precedente?

JCC: El mensaje (del presidente) es: “Yo puedo usar la justicia de acuerdo a mi conveniencia”. Intenta ser apabullante y en eso el presidente se equivoca, pues no nos intimida. Él ha tenido una derrota histórica y moral en este tema.

-La jueza Portilla no superó las evaluaciones teóricas y psicológicas aplicadas a los operadores de justicia. ¿Consideran que está calificada para emitir el dictamen en este caso?

JCC: De pronto es la jueza que se merece Rafael Correa.

CZ: Tal vez era una jueza que no tenía otra manera de responder. Emitió una sentencia favorable sin ninguna prueba.

-Ustedes apelarán a la sentencia. ¿Tiene sentido continuar la pelea legal cuando ustedes han denunciado supuestas irregularidades en su proceso?

CZ: Totalmente. Se supone que en esta segunda instancia hay mayor institucionalidad jurídica y hay que impedir que esta sea carcomida por los intereses del régimen.

JCC: No vamos a dejar jamás de luchar. Entendemos que esto es parte de un oficio que hoy es más difícil. Jamás nos hubiéramos imaginado los alcances de este poder que, sin límites, asesta sus golpes contra quienes lo investigan. Esto no había pasado ni siquiera con (León) Febres-Cordero. Hemos investigado a todos los presidentes y todos los poderes. El poder de Rafael Correa acabará en algún momento, pero nuestra lucha va a ser hasta el final.

-Con lo sucedido con ustedes, ¿la prensa está impedida de investigar si antes los organismos de control no lo hacen?

CZ: El periodismo que lucha en contra de la corrupción, según la jueza, se desenvuelve en el umbral de lo ilícito.

JCC: Para la jueza lo ilícito es el haber publicado la investigación sin que haya sido ratificada por los organismos de control, lo que contradice la Constitución, que dice que entre los deberes de los ecuatorianos está luchar contra la corrupción. No dice: Primero pase para ver si le da el aval la Contraloría.

-¿Ustedes están dispuestos a ir a la cárcel?

CZ: Si tenemos que enfrentar un nuevo juicio que posiblemente nos lleve a la cárcel, tendremos que hacerlo. Ellos se están radicalizando y quieren acabar con las libertades y nosotros tenemos que impedirlo, y al decir “nosotros” me refiero a todos los periodistas.

JCC: Sin referirme a nadie en particular, pero cuando un corrupto te persigue te condecora. Para nosotros, todo esto, en ese sentido, independientemente de la aplastante situación en la que se pueda vivir, es una condecoración porque estamos cumpliendo con nuestro deber.