Los altos índices de violencia social y criminal que en la región provoca el narcotráfico pueden combatirse con éxito, piensan con optimismo expertos latinoamericanos en la reforma política contra las drogas.

Las nuevas estrategias que el narcotráfico ha ideado en los últimos años en Latinoamérica, el surgimiento de zonas de impunidad en muchos países de Sur y Centroamérica, la expansión peligrosa de los mercados urbanos de droga y la creciente violencia social que, por ejemplo, se origina con la acción criminal de las "bandas" en Colombia, los "carteles" en México o los "comandos" en Brasil, ha impuesto la idea de que la reforma política de drogas y la unidad regional bajo este concepto puede ser una de las vías más útiles para el triunfo.

Sobre esos temas, DW conversó con el colombiano Juan Carlos Garzón, Investigador Internacional en el tema Organización Criminal; con los uruguayos Bolívar Moreira, sociólogo, y Augusto Vitale, del equipo técnico de la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia en Uruguay, invitados a Berlín por la fundación alemana Friedrich Ebert.

-¿Cuáles pueden ser hoy las generalidades del narcotráfico y la criminalidad en América Latina?

-Juan Carlos Garzón: En la actualidad, en muchos países de América, en algunas naciones africanas y asiáticas, este fenómeno se manifiesta como nunca antes de una manera violenta. Hay una influencia dañina en las instituciones del Estado y la acción represiva cae sobre los grupos más vulnerables de la sociedad.

En América Latina hay desarrollos recientes que cambian la tradicional estrategia del mercado ilegal: el tránsito de las zonas de producción en la región andina, pasando por Suramérica, después África y llegando a Europa, que es una ruta en el mercado de la cocaína. Pero hay otras nuevas drogas como las meta-anfetaminas y hay un nuevo auge de la heroína, pues en Estados Unidos existe un aumento del consumo de esta droga.

Otro punto a tener en cuenta: países que tradicionalmente se consideraban zonas de tránsito, hoy tienen altos consumos e incluso algunos se han convertido en productores, y por ejemplo, antes la droga salía casi terminada desde Colombia para ser consumida en México, en Estados Unidos. Ahora la droga termina siendo refinada en otros sitios, los insumos llegan de distintas partes y eso complica más la estructura de este negocio.

-A partir de la experiencia en Uruguay, ¿qué estrategias podrían ser efectivas en otras naciones latinoamericanas?

-Augusto Vitale: Hay diferencias, pero también fenómenos comunes en una de las regiones que tiene mayores desafíos en sus mercados regulados de drogas legales e ilegales. La criminalización, la penalización, no nos ha conducido por el mejor camino.

Se ha tomado esta cuestión como un problema exclusivamente de criminalidad, de seguridad y no se ha desarrollado la responsabilidad pública de los Estados de estar más cerca de los fenómenos de uso problemático de drogas, diferenciándolo de un uso no problemático y también del fenómeno cultural de preparar a las nuevas generaciones con mejores herramientas, pues esta filosofía de prohibición solo ha conseguido el aumento del consumo, básicamente entre los jóvenes.

En nuestro caso estamos comenzando a poner énfasis en algo que no estaba penalizado: el consumo personal siempre que no afecte a terceros, en la elevación de la responsabilidad ciudadana y en una implicación mayor de las instituciones del Estado en esta lucha.

-La juventud, el gran objetivo de los narcotraficantes, ¿cómo impedir que sigan siendo los más afectados por este flagelo?

-Bolívar Moreira: Durante años, este tema fue un tema tabú en nuestra sociedad. El joven solo podía hablar de estos temas en círculos privados, grupos de pares o el mercado negro, y obviamente estos ámbitos no disponen de los elementos que puedan esclarecerle al joven todo lo que puede acarrear el consumo, como sí pueden esclarecerlo el mundo adulto, a través de sus instituciones de socialización como son la educación, la cultura y el sistema de salud.

Recién se comenzaron a generar en Uruguay políticas de reducción de riesgos y daños, a hacer el tema más público, y el Estado a tomar más parte en esta lucha. Creemos que la regulación es el único camino de afectar los intereses de quienes generan este peligroso negocio, que cada país establezca sus regulaciones de acuerdo a sus condiciones y a su realidad. Pretendemos que esta sea una política de Estado que nos trascienda.