Fines de enero de 2015 y la entonces ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas (PS), autoridades y funcionarios regionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dieron por aprobada una gran consulta indígena que tuvo carácter de participación obligatoria, propuesta por el Ejecutivo chileno para crear el Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas, dando así cumplimiento a lo expresado en el Convenio Internacional 169 de la OIT.

El problema se dio por la poca representatividad y participación. Dicha actividad fue declarada por las organizaciones indígenas con el carácter de ilegítima e ilegal, bautizando dicha experiencia como la "Consulta Bar Abierto", ya que más que una deliberación entre distintos pueblos, lo que hubo fue una invitación de las autoridades a tomar gratis y firmar un documento, sentencian miembros de las organziaciones que hablaron con AméricaEconomía.

No todo lo que brilla es oro, fue lo que pensaron en las comunidades de la Araucanía tras la culminación de la última instancia de participación ciudadana, ahora bajo el manto del proceso constituyente que no se considera vinculante. Los pueblos originarios pudieron deliberar y proponer de manera individual o en cabildos, pero esto no significa que la ciudadanía pueda ejercer decisión alguna de la trayectoria política a seguir en el plano constitucional, ya que será el Congreso el que tendrá la última palabra, donde estos no cuentan con representación directa.

Ante este panorama han surgido varias críticas sobre el proceso constituyente que se ejerció en tierra mapuche, pero se resalta una cosa fundamental: si bien es cierto que no es un proceso vinculante, se valora este espacio de voz que el gobierno promueve hacia la ciudadanía.

Metodología constituyente

El Proceso Constituyente Indígena se realizó a nivel nacional, pero fue en la región de la Araucanía (9ª región) donde se puso la atención del país. La consulta tomó curso entre agosto a diciembre de 2016, y para esta se hicieron más de 230 encuentros convocados y autoconvocados, lo que consideró una participación de más de 17.016 personas a nivel nacional.

Entre los temas que las comunidades expresaron como fundamentales para la nueva Constitución del país se encuentran: el reconocimiento constitucional, el derecho a la autonomía y la libre determinación, el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales; derechos políticos, derechos culturales, lingüísticos y sociales.

"Yo tuve la suerte de participar en Freire, Pitrufquén y Padre las Casas, así que tengo la experiencia de cómo fue todo este proceso. Yo valoro mucho la voluntad del gobierno, sobre todo de la presidenta Michelle Bachelet, que ha tenido la voluntad política para que esto se desarrolle, por lo tanto, creo que hemos avanzado y que hay un real interés de poder incluir a los pueblos originarios a tener derechos, a ser reconocidos constitucionalmente. Por cierto, respetando su cultura, su economía y su cosmovisión", detalla Maria Angela Nihual, presidenta territorial de Freire.

Santiago Huenolaf, representante de la comunidad Calfulaf de Chol Chol, comentó: "Para mí es súper interesante lo que se está haciendo, porque en primer lugar se reconoce lo que nosotros como pueblo estamos solicitando. Una de las partes más importantes para nosotros es el reconocimiento constitucional".

Por su parte, desde la secretaria de gobierno del Ministerio de Desarrollo Social, su titular Marcos Barraza, subrayó: "estamos frente a un documento histórico que va a ser insumo para la nueva Constitución. Por primera vez en Chile, así como se considera el conjunto de la población, también se considera de manera concreta, específica y diferenciada a los pueblos indígenas, teniendo presente que la nueva Constitución tiene que saber reflejar la identidad de los pueblos".

Sin resultados efectivos

Las investigaciones del antropólogo José Bengoa narran cómo en el siglo XIX se emborrachaba a miembros de comunidades mapuche para firmar documentos de propiedad de terrenos y así despojarlo de los mismos. Bajo el fantasma de la historia y la desconfianza es cuando un grupo de importantes de dirigentes cuestionaron el mecanismo que no dejó conformes a las comunidades, que optaron por llevar adelante, en algunos casos, procesos paralelos.

La werkén de la organización Ad-Mapu y Comunidades Mapuches, Ana Llao, afirmó que la propuesta del Ejecutivo para la configuración de la nueva Carta Magna con consulta indígena transgrede convenios internacionales ratificados por Chile: "Llámese proceso constituyente indígena, llámese Ministerio Indígena, llámese Consejo de Pueblos Indígenas, ninguno ha estado a la altura del estándar del Convenio 169. Se han vulnerado los derechos porque simplemente lo que se ha querido hacer es una participación sin vinculación", manifesta.

Llao enfatiza que la discusión por el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos indígenas es un tema histórico, al igual que la lucha por territorios, los que a su juicio no se presentan sólo en circunstancias donde se busca generar cambios a la Carta Magna.

Para la consejera nacional indígena, Emilia Nuyao, fue un proceso de importancia, porque la participación superó a la que tuvo el proceso de consulta para la creación de un ministerio de pueblos originarios. De todos modos, reparó en que el pueblo mapuche siempre ha tenido claras sus demandas y ha participado constantemente en instancias similares, sin tener resultados efectivos. Por ello llamó a que este año el estatuto indígena se cree realmente y el proyecto de reforma constitucional en general sea aprobado.

Deuda histórica

El proceso de la consulta indígena anterior aún resuena a lo largo de las comunidades del país y se asomó como unas de las principales razones para no haber logrado una mayor participación en el proceso de participación indígena constituyente. Como señala Leyla Noriega, de la Asociación de Mujeres Indígenas de Arica: "Nosotras decidimos participar de los encuentros locales, pero respecto al proceso constituyente indígena sabemos sólo que han invitado a participar, pero desconocemos cómo es el resultado del proceso. Hay desconocimiento y lamentablemente la falta de información crea desconfianza", apunta.

En el amplio espectro de organizaciones mapuche hay distintas posturas. Mientras el dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcamán, está por una Asamblea Constituyente Mapuche, el Partido Mapuche o Wallmapuwen ha participado en escuelas de monitores del movimiento Marca AC (Asamblea Constituyente) en la Araucanía. Como parte de la Asociación de Mujeres Indígenas de Arica, Leyla Noriega cuenta que "no va a ser fácil, pero queremos estar presentes para dar una mirada y observar qué es lo que hará el Estado esta vez".

Es que una frase se repite al consultar por el proceso constituyente indígena: "el Estado dialoga sólo con los que le dicen que sí", con el recuerdo fresco de la Consulta Indígena de 2014 y la Mesa de Consenso de 2010. Para el consejero ciudadano y académico mapuche, Salvador Millaleo, la conclusión es clara: "necesitamos una institucionalidad sólida y legítima, que no sea rechazada y por donde no estén circulando los mismos, la gente que va a pedir favores al Estado, y a los que más que reconocérseles derechos, se les entregan dádivas, bonos, ayuda en un sentido clientelar. Eso se tiene que terminar, porque si seguimos en eso siempre tendremos un conflicto".

A lo largo del país las comunidades dudan respecto de un proceso de participación que puede derivar en una nueva aprobación de informes que, como dicen ellos, puede terminar otra vez con el bar abierto.