Bogotá. El compromiso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando tomó posesión del cargo más importante del país, era pasar de la consigna de la seguridad democrática a la de la prosperidad democrática, esa fue su principal bandera de campaña y en los primeros días de su gobierno se veía una gestión bien enrutada con funcionarios de primer nivel en cada uno de los ministerios y entidades estatales. Además, la agenda legislativa, que fue aprobada con total éxito, planteaba claramente el camino del nuevo gobierno. Sin embargo, en las cuentas no estaba la catástrofe invernal, que obligó a cambiar las prioridades y dedicar los mayores esfuerzos en la atención de los más de 2 millones de damnificados y en reconstruir la infraestructura nacional arrasada en gran parte del país por la fuerza de las aguas que inundaron millones de hectáreas.

Precisamente la agenda legislativa estaba enfocada en la búsqueda de recursos destinados a la inversión que requiere el país, para lo cual es prioritaria la reforma a las regalías. Según cálculos del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, los ingresos por este renglón podrían llegar a los $9 billones (US$4.770 millones) en 2011. Ahora, un porcentaje de estos dineros tendrán que ser dirigidos para la reconstrucción de la infraestructura afectada por el invierno. Por otro lado, están las medidas adoptadas por el gobierno por medio de los decretos ley presentados al amparo del estado de emergencia social, económica y ecológica, con los que se pretende recaudar cerca de $12 billones (US$6.360 millones).

En el Congreso, para los cuatro debates que están pendientes de la reforma a las regalías ya hay voces que piden que se destine un porcentaje para la atención de los afectados por el invierno y, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de la inversión y las proyecciones del gobierno Santos y que será discutido en este semestre legislativo, tendrá que acoger las solicitudes de los parlamentarios y dirigentes de los partidos que consideran prioritario un reenfoque acorde con la realidad actual. Así, el plan de $485 billones que presentó Santos para sus cuatro años de gobierno y que abarca los temas de política social, educación, infraestructura y ordenamiento territorial, democracia e instituciones, así como la continuidad de la seguridad democrática, ahora tendrá que contar con un renglón especial para el invierno.

Los presidentes de los Partidos de la U, Juan Lozano, y del Conservador, José Darío Salazar, han hecho pública la necesidad de una nueva orientación del Plan de Desarrollo. Para Lozano, “ante la coyuntura actual es necesario acompañar al gobierno y trabajar en la revisión y corrección del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual es prioritario un enfoque para el invierno. Tenemos plazo hasta el 31 de mayo para aprobarlo y la unidad nacional debe brindar la fortaleza política para aprobar un plan que marcaría una histórica diferencia, pero lo que tenemos hoy es insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. A grandes males, grandes remedios, y Colombia debe emprender un gran plan nacional de reubicación de asentamientos en zonas de riesgo”.

Por su parte, Salazar sostiene que “con la redistribución de los ingresos de las regalías se puede hacer frente a la compleja situación de miles de colombianos que perdieron todo, por eso es necesario tomar medidas para reconstruir el país. Los recursos de las locomotoras de la prosperidad deben ser priorizados a través del Plan Nacional de Desarrollo para los damnificados del invierno”. Y no es para menos, el ministro Juan Carlos Echeverry reconoció que para las fases de atención prioritaria de corto plazo, rehabilitación y reconstrucción, la cifra puede superar los $15 billones.

Hay tres factores que según el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, deben ser tenidos en cuenta por el gobierno a la hora de tomar medidas, como ya se está haciendo: “Lo primero es mirar la opción de apropiar recursos de sectores como regalías y venta de acciones de Ecopetrol. En segundo lugar, después de habilitar las vías y las obras es necesario reconstruir algunas para hacerlas menos vulnerables al cambio climático. Y, por último, hay que tomar decisiones reales de responsabilidad del Estado para cuidar el medio ambiente, de lo contrario, todas las medidas que se tomen no servirán para nada”. Caicedo celebró que el gobierno ya tenga claros estimativos de los costos que generó la tragedia invernal y que estudie modificaciones al Plan de Desarrollo que será discutido en el Congreso.

Si bien el reto de Santos es que al finalizar su mandato el país esté andando firme por la ruta de la prosperidad democrática, para 2011 la prioridad será enfrentar los efectos del invierno y cumplir con la palabra empeñada en la última alocución presidencial del año pasado, en la que aseguró, desde el municipio de San Estanislao, Bolívar: “He venido para reafirmar ante ustedes mi compromiso y el del gobierno con los damnificados: no ahorraremos esfuerzos hasta que veamos que sus vidas hayan vuelto a la normalidad. No será un proceso fácil, pero es nuestra prioridad”.

Sucre, ahogado entre las aguas y el olvido. Comenzó el nuevo año y las esperanzas de buenas nuevas para los habitantes de este municipio de Sucre, en el sur del mismo departamento, siguen siendo desalentadoras. Despidieron 2010 entre las aguas y recibieron 2011 en las mismas condiciones, y lo que es peor, a sabiendas de que según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), seguirán inundados por más tiempo.

Las 7.500 familias que habitan en Sucre están dispersas, las de la zona rural tuvieron que salir porque los niveles de las aguas cubrieron por completo sus casas y en la zona urbana superan el metro. Ellos han tenido que permanecer ocho meses montados en tambos y así transcurre la vida de hombres, mujeres, jóvenes y niños, quienes advierten que esta ha sido la inundación más grande en los últimos 20 años.

Su vida se ha paralizado, las escuelas no funcionan, el año lectivo de 2010 llegó hasta junio, el hospital funciona a medias y ahora que los niveles han bajado ocho centímetros se empieza a ver que el panorama es aún más desolador por los malos olores, el lodazal y los animales muertos.

“Si decimos que la situación que padecemos es crítica, nos quedamos cortos porque esto es indescriptible. La gente ha hecho las necesidades fisiológicas y eso ha ido a parar a las aguas que empiezan a bajar y dejan al descubierto todo este panorama”, dijo Pedro Sampayo, jefe del comité local de Prevención y Atención de Desastres.

Pero la situación no es mejor para quienes han tenido que salir desplazados por el agua. El hambre y el hacinamiento los agobia. Por eso hace una semana cerca de 700 familias de este municipio, que han buscado refugio en Sincelejo, se tomaron pacíficamente la sede de la Gobernación de Sucre para exigir comida y subsidios de arrendamiento, porque las condiciones en que se encuentran no son las mejores y la única respuesta del Gobierno Departamental es que está a la espera de que la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo les envíe 27 toneladas de alimentos.

Tras este invierno, el municipio de Sucre ha desaparecido y su reconstrucción, según los habitantes, debe ser para mejorar su calidad de vida y que por fin las autoridades realicen las obras que se requieren para contrarrestar las inundaciones que año tras año los golpea.