El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ordenó a la Dirección de Servicio Geográfico Militar delimitar cuatro antiguos yerbales en la zona de Ñacunday para justificar el reclamo de tierras que hacen en la zona los campesinos invasores.

De acuerdo a ABC Color, se ordena que los militares estén en el lugar todo el tiempo que sea necesario para ubicar esas propiedades.

Los cuatro antiguos yerbales en los primeros años del siglo pasado fueron propiedad del Estado, y después pasaron a manos privadas mediante la venta de tierras que hicieron las distintas entidades encargadas del manejo de las propiedades  públicas.

El Indert debería tener suficientes funcionarios que puedan hacer el trabajo, pero la incorporación de los militares tendría la finalidad de involucrar a las FF.AA. en favor de los supuestos sintierras. En la zona operan desde hace más de un año grupos de campesinos invasores que reclaman propiedades que están siendo cultivadas.

Mediante la orden 01/12, rotulada como secreta (ver facsímil al lado), se dispone que efectivos de la Disergemil se establezcan en el lugar el tiempo que sea necesario para ubicar los yerbales Ñacunday, Pirapytã, Yacui y Otaño. La estrategia sería ubicar esos yerbales y sostener que los mismos son propiedades del Estado que nunca fueron transferidos.

Los gremios de productores del país denunciaron en varias ocasiones que los campesinos invasores autodenominados carperos, en connivencia con las  autoridades del gobierno, vienen impulsando un plan bien urdido que pretende despojar a los propietarios de inmuebles en varias zonas del país para entregar grandes extensiones a los supuestos “sintierras”.

Aseguran que el gobierno opera directamente a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a cargo de Marciano Barreto. El primer paso fue la presentación masiva de pedidos de mensuras judiciales, a fin de identificar supuestos excedentes fiscales. Estas solicitudes estuvieron acompañadas de inmediatas invasiones de las propiedades donde se creía existían excedentes.

Ante la resistencia de los propietarios y el escándalo desatado, se pasó a un segundo plan. El Indert pidió una nueva mensura judicial sobre unas 257 mil hectáreas dispersas en al menos ocho departamentos. Se alegó que  seguían perteneciendo al Estado en virtud de una sentencia judicial de 1958. Registros Públicos y Catastro   hicieron un minucioso estudio de títulos y concluyeron que las tierras  no eran las  reclamadas.