Caraccas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este viernes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, evaluar el carácter constitucional de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro.

El pasado 9 de agosto la Asamblea Nacional (AN, Congreso) aprobó la ley a pesar de que fuera declarada en desacato por el TSJ desde el 1º de agosto debido a la incorporación y juramentación de los parlamentarios Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con irrespeto a la orden del máximo tribunal emitida el pasado 30 de diciembre de 2015.

El TSJ declaró a la AN en desacato debido a la "violación flagrante del Orden Público Constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos".

Por lo que en su solicitud, el mandatario venezolano hizo referencia a la existencia de serias dudas de la validez y eficacia del acto de sanción de la referida ley por la Asamblea Nacional, en virtud de lo establecido por el Máximo Tribunal, en su Sala Electoral, mediante la decisión N° 108 de fecha 01 de agosto de 2016.

En días pasados, los diputados socialistas denunciaron que el Congreso pretende "obstaculizar" a través de esta ley el proyecto de explotación minera que adelanta el Ejecutivo en el Arco Minero del Orinoco, ubicado en el sur del país, rico en recursos naturales importantes como son el oro, diamante, bauxita y coltán, entre otros.

La exploración y explotación minera forma parte de las estrategias económicas impulsadas por el Ejecutivo venezolano para potenciar su economía, la cual se vio considerablemente afectada tras la caída de los precios petroleros al disminuir el ingreso de sus divisas.

Para su ejecución, el gobierno venezolano firmó en febrero pasado una serie de acuerdos con empresas internacionales, entre ellas China Camc Engineering CO. LTD y Yakuang Group, de China, y con la Gold Reserve, de Canadá.

Más recientemente, el gobierno venezolano suscribió nueve acuerdos de inversión minera por el orden de los 4.500 millones de dólares con empresas internacionales de distintos países, en lo que describió como "el plan soberano más ambicioso e importante que se haya hecho en materia minera en Venezuela".

En la ocasión anunció la firma de dos decretos, el primero, dirigido a prohibir el uso del mercurio en todas las actividades conexas de la minería; y el segundo, con el fin de garantizar que un 60 por ciento de las ganancias obtenidas por las actividades de exploración y explotación  minera, sea destinado a los programas sociales.

El Arco Minero del Orinoco, que comprende 111 mil kilómetros cuadrados de gran parte del sur del país, es una zona estratégica para la nación suramericana debido a los grandes yacimientos de oro y diamantes que allí se encuentran.