Buenos Aires, EFE. Las investigaciones sobre los escándalos por corrupción que salpican al poder en Argentina entraron este jueves en una dinámica más próxima al guión de una comedia de enredo que a un procedimiento judicial, con una maraña de competencias que ha logrado retrasar la instrucción.

El blanco del escándalo es Lázaro Báez, un empresario de la sureña provincia de Santa Cruz, amigo personal del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y de su esposa y sucesora, Cristina Fernández, y supuestamente relacionado con operaciones de lavado de dinero, según revelaciones periodísticas que derivaron en denuncias ante la Justicia.

La causa que investiga parte de las actividades de Báez está en el aire después de que un juez con competencias sobre Santa Cruz decidiera hoy remitir el expediente a Buenos Aires, de donde había salido este miércoles.

Un juez capitalino se había declarado incompetente para atender una denuncia presentada por la diputada opositora Elisa Carrió para investigar la existencia de bóvedas en la finca de Báez en Santa Cruz donde presuntamente habría almacenado fondos no declarados.

Este jueves una jueza con competencias sobre Santa Cruz resolvió devolver el expediente a Buenos Aires para su investigación, en medio de otro conflicto judicial por el reclamo de un fiscal que sostiene que la investigación de las bóvedas está relacionada con otra causa abierta por lavado de dinero contra Báez.

Mientras se enreda el culebrón judicial, surgen y desaparecen testigos, y los medios locales se vuelcan en fotografiar bóvedas y planos de casas, un grupo de intelectuales próximo al oficialismo salió hoy a pedir que las denuncias periodísticas por corrupción se acompañen de pruebas.

Por si no fuera suficiente, Elisa Carrió denunció este jueves al juez que se declaró incompetente por no haber allanado un depósito en la localidad bonaerense de Tigre, donde, supuestamente, se habrían ocultado también fondos destinados al lavado de capitales.

Báez, un empleado bancario convertido hoy en un poderoso empresario de Santa Cruz, se ha transformado esta semana en una suerte de guía turístico para periodistas en su propia finca, en un intento por demostrar que las bóvedas de las que se habla no existen.

Los escándalos de corrupción fueron destapados en un programa de televisión por el periodista Jorge Lanata apenas unas semanas antes de la conmemoración de los diez años de gobierno del kirchnerismo en Argentina, que se celebrarán el próximo sábado, coincidiendo con el décimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner.

Lanata mostró en televisión el testimonio de dos presuntos operadores de una supuesta trama financiera para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros (US$70,9 millones), que se "arrepintieron" de sus comentarios un día después.

Además, contó con la declaración de una ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, quien relató que otro estrecho colaborador del expresidente, Daniel Muñoz, ahora también bajo investigación, le reveló la existencia de bolsos "con plata" que supuestamente había que lavar.

Quiroga, quien en 2011 se hizo popular tras sugerir en una revista local que fue despedida por Cristina Fernández porque había mantenido una muy estrecha relación personal con Kirchner, no pudo mantener su versión televisiva ante el juez apenas unos días después.

Mientras se enreda el culebrón judicial, surgen y desaparecen testigos, y los medios locales se vuelcan en fotografiar bóvedas y planos de casas, un grupo de intelectuales próximo al oficialismo salió hoy a pedir que las denuncias periodísticas por corrupción se acompañen de pruebas.

En un escrito titulado "Los Justos", el grupo "Carta Abierta", integrado, entre otros, por el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González y el filósofo Ricardo Forster, solicitó que cada acusación tenga su "prueba correspondiente" y alertó de que el debate ha tomado un "sentido casi trágico" en el país, según el diario La Nación.

Mientras unos llaman a la reflexión, otros calientan el ambiente, incluso a distancia, como el exgobernador socialista Hermes Binner, quien, tras ser recibido por el papa Francisco, afirmó en Roma que Argentina va hacia una "cleptocracia, no una democracia" porque "cuando se roba, siempre se roba al pobre, no al rico".

"El papa argentino aplacó un poco la crispación y la intolerancia que se vivía en la Argentina, pero tener un papa aquí no alcanza", dijo a medios locales Binner, convencido de que, Argentina "no es un país normal".