Colombia. Luego de que se conociera la demanda -de aproximadamente 15 mil millones de pesos- que presentó Ingrid Betancourt contra el Estado colombiano por el secuestro del cual fue objeto por más de seis años, el contratista estadounidense Marc Gonsalves, manifestó que la ex candidata presidencial está en todo su derecho y cada quién manifiesta su posición frente a la tragedia que vivieron.

En entrevista con la cadena radial RCN, Gonsalves indicó que no sólo Betancourt pedirá una reparación económica por los daños y perjuicios sufridos durante su secuestro, sino también hay otros civiles que preparan solicitudes similares.

No tengo una opinión en concreto frente a la demanda de Ingrid (...) ese es simplemente su derecho y que muchos otros civiles deben estar pensando en la misma idea", declaró el ex secuestrado de las Farc, que al igual que Betancourt recuperó su libertad en la Operación Jaque.

En los textos de la conciliación extrajudicial entregada el pasado 30 junio al Ministerio de Defensa Nacional con la cual Ingrid Betancourt y sus familiares solicitan la reparación en dinero de mil 500 millones de pesos por los daños sufridos durante su retención, 500 por los perjuicios a su fallecido padre, mil 500 millones de pesos por daños psicológicos y mil 281 por los sueldos que dejó de percibir durante su secuestro, se postula a Gonsalves y a otras 22 personas como testigos del daño "irreparable" -psicológico y sentimental- al que fue sometida durante su encierro.

Entre los posibles testigos se encuentran además de Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Géchem, el intendente John Frank Pinchao y el general Luis Herlindo Mendieta, varios de sus familiares y un médico del Hospital Militar de Marsella en Francia.

La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro el día que fue secuestrada por las Farc en una carretera del sur del país.

Por su parte, el abogado de Betancourt, Gabriel Devis, señaló en un comunicado que "no se ha demandado a nadie, ni al Gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación" de la ex candidata presidencial. Sin embargo, la conciliación es un paso obligatorio para entablar una demanda.

"Las informaciones amañadas sobre las condiciones en las cuales se produjo el secuestro", por lo que precisó que, desde el inicio del trámite de la conciliación, "se me dieron instrucciones de no instaurar ninguna demanda contra el Estado colombiano", dijo Devis.

El representante explicó que una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo y no es un ataque a la institucionalidad.