El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afrontará este jueves su primera huelga general convocada contra las medidas de ajuste y la reforma laboral aprobadas en España a exigencia de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La huelga general llega cuando Rajoy está a punto de cumplir 100 días en el poder y si bien difícilmente logrará suavizar la reforma laboral del Ejecutivo, puede marcar el inicio de un nuevo ciclo de protestas ante al deterioro de la situación económica y social.

Las elecciones regionales de la sureña Andalucía, donde el Partido Popular (PP) se impuso este domingo pero sin alcanzar la mayoría absoluta para gobernar, ya fueron un aviso para Rajoy ante el rumbo que tomó su política económica.

Pero a pesar del deterioro del clima interno, Bruselas exige a España un ajuste más profundo para rebajar el déficit público y vigila de cerca la aplicación de la reforma laboral.

La UE considera clave al ajuste para combatir el elevado desempleo, que afecta a 5,3 millones de personas, el 23% de la población activa, y supone la tasa más alta y el doble de la media de la UE.

En este contexto, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, aseguró este miércoles que la huelga general “no hará retroceder al gobierno” porque “lo que está en juego es salir de la crisis económica”, que puso a España en una “situación límite”.

El propio Rajoy, quien defendió en varias ocasiones que la reforma es “necesaria” para España, reconoció el pasado 31 de enero en Bruselas al primer ministro finlandés, ante un micrófono abierto, que la medida le costaría una huelga general.

Las dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que convocaron la medida de fuerza, acusan a Rajoy de aprobar la reforma laboral “más regresiva de la democracia”.

"Se instaura el despido libre y gratuito” y se “abre la puerta a bajadas masivas unilaterales de salarios”, con el argumento de que se creará empleo, sostienen.

“La huelga no es un fin en sí mismo, sino un medio para presionar al gobierno que después del 29 de marzo tendrá la oportunidad de abrir un diálogo, que es lo que queremos los sindicatos”, aseguró en declaraciones a Télam el secretario de política internacional de UGT, Manuel Bonmati.

Los sindicatos exigen a Rajoy que abra una negociación para modificar los aspectos más controvertidos de la ley durante su tramitación en el Congreso, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero el gobierno dejó claro que no habrá cambios sustanciales.

“La actual reforma es la más dura porque retrocedemos 30 años. Es una reforma de carácter ideológico que lleva a cabo un gobierno con un componente muy duro de la derecha española, que aprovecha la crisis para mermar los derechos de los trabajadores”, insistió Bonmati.

Según el dirigente sindical, “los trabajadores están impactados por la negatividad de la reforma, por lo que el ambiente de movilización es mejor que el de la última huelga”, de septiembre de 2010, contra la reforma laboral del ex presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

En un acto junto a líderes sindicales europeos en Madrid, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, expresaron su confianza en que la huelga será “masiva”.

"Va a haber una gran huelga en España a pesar del miedo", aseguró Toxo, quien, asimismo, anunció que su central denunciará al Ministerio de Empleo ante la justicia por “coaccionar” a empleados públicos para que no adhieran la huelga.

Según Toxo, la huelga general es “imprescindible” porque “ya no cabe la apatía ni la resignación”, ante el atropello a los derechos de los trabajadores.

A su turno, Méndez animó a los ciudadanos a secundar la huelga para enviar “un mensaje potente hacia dentro y fuera de España, de un país que quiere seguir adelante”.

"Es una oportunidad para que el gobierno demuestre que no es un tecnócrata elegido por el FMI como en otros sitios", remarcó el líder de UGT, en obvia referencia a Italia y Grecia.

Una encuesta publicada el domingo por el diario El País, señala que el 51% de los españoles ve justificada la huelga, aunque sólo 30% de los que tienen empleo tienen intención de participar, cifra algo superior al sondeo realizado antes de la medida contra el gobierno de Zapatero que tuvo un efecto limitado.

La razón por la cual la mayoría de personas con empleo no secundarían la huelga es que tienen miedo a perder su trabajo, precisamente debido a la incertidumbre económica y a que la reforma laboral, que abarata y facilita el despido, está vigente desde el 12 de febrero.