Hace pocos días los parlamentarios chilenos de derecha mostraron la propuesta "Chile es una familia", argumentando que observan "un germen de crisis en la familia chilena".

Entre las medidas se encuentra un bono para los cónyuges que contraigan matrimonio por primera vez (como ejemplo se habla de CH$100 mil, cerca de US$190); premiar la estabilidad del matrimonio (se proponen CH$100 mil por 10 años, CH$250 mil por 25 años y CH$500 mil por 50 años); bono por cada hijo nacido, pagado de inmediato a la mujer, y hasta programas de luna de miel vía Servicio Nacional de Turismo. Esta perspectiva fue ratificada en el discurso de la cuenta anual del 21de mayo por el propio presidente Piñera, al proponer el bono “bodas de oro”.

La fórmula también considera el pago de una remuneración mensual a aquellas mujeres que decidan quedarse al cuidado de sus hijos, y la creación de incentivos monetarios y no monetarios a aquellos matrimonios que se hacen cargo del cuidado de adultos mayores.

Dos formatos de ayuda se manejan ante el nacimiento de un hijo: el depósito de 5 Unidades de Fomento (UF, más de US$190) en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), banco o institución financiera, para ser entregado cuando cumpla 18 años, y la concentración de esos recursos en la educación.

Sin duda, llama la atención que se hable de que “Chile es una familia”, puesto que la realidad social de nuestro país nos muestra que en Chile conviven muchos tipos de familias, y durante los últimos años hemos avanzado en modificar ese tipo de estereotipos en la educación formal, como para caer en semejante retroceso.

Por otro lado, estas medidas sólo involucrarían a aquellas parejas casadas formalmente, por tanto, la política pública estaría discriminando las opciones privadas de los ciudadanos y ciudadanas que deciden vivir y formar familias de otra forma.

Lo anunciado es una política pública completamente conservadora, que intenta mantener a las mujeres en los hogares al cuidado de los hijos e hijas y adultos mayores, recluyéndolas en el espacio privado, y sin cuantificar el aporte del trabajo doméstico a la economía nacional en términos reales.

Los resultados de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica y Adimark señalan que la fecundidad en Chile muestra una intensa caída de la tasa de natalidad, alcanzando a 1,9 hijos por mujer. Esta cifra se encuentra por debajo de la llamada “tasa de reposición”, es decir, de lo necesario para renovar la población actual (2,1 hijos por mujer). Estas medidas, sin embargo, no se hacen cargo de la diversidad de las familias para propender a una política integral de incremento de la natalidad en Chile.

Las principales razones expuestas en la encuesta por las mujeres, para no tener más hijos, son de orden económico, hecho bastante obvio, considerando el incipiente Estado de Protección Social existente en nuestro país. Por tanto, los resultados no son sorpresivos:

• 53% de encuestados opina que tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje.

• 51% piensa que los niños son difíciles de mantener.

"Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje". Precisamente por esta premisa Chile presenta las menores tasas de inserción laboral de la mujer de América Latina.

A pesar de que sabemos que el ingreso femenino es fundamental para salir de la pobreza, vemos cotidianamente que tener hijos y trabajar tiene una serie de cortapisas, partiendo por un post natal breve, la discriminación en las Instituciones de Salud Previsional, las jornadas de las salas cunas y jardines infantiles no acordes con la realidad laboral. A pesar de lo que avanzó el gobierno de la presidenta Bachelet en aumentar su cobertura, aún tenemos importantes trabas en relación con los horarios de atención y los costos asociados a las mujeres de clase media.

"Los niños son difíciles de mantener". Sin duda que la vida tiene un costo, el tema es quién se hace cargo de él. El tema es más grave en una sociedad de desigualdades como Chile, donde obtener prestaciones de calidad es un costo asumido directamente por las familias. Por ello, en una sociedad de riesgos, como señala Beck, las familias están menos dispuestas a asumir costos que no saben si podrán sustentar en el tiempo.

Como se puede observar, las razones son de orden económico. Lo mismo se puede apreciar cuando se consulta por las razones para contar con familias pequeñas, donde la que obtiene mayoritariamente la primera mención es de orden material: 77% opina que es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad 77%.

Este resultado ratifica el anterior: la principal forma de asegurar oportunidades para nuestros hijos e hijas es a través de una buena educación. Ya sabemos que en el Chile desigual de hoy esa buena educación existe sólo a un alto costo, salvo un par de excepciones.

El corolario de los datos anteriores termina con la siguiente consulta: ¿usted considera que Chile es una sociedad que apoya a las mujeres para tener hijos, o que no las apoya? Sólo 29% afirma que se las apoya, en contraposición con el 43% que afirma que no.

Frente a esta última pregunta se obtiene la última obviedad y el desafío para el futuro.

Chile no apoya a la maternidad no sólo porque la lógica de libre mercado no tiene por qué hacerlo, o porque las incipientes medidas de protección social no llegan a hacerse cargo de ello, sino también porque no hablamos de cómo compartimos la maternidad como sociedad, como país.

Acá el Estado tiene un rol esencial, este no es un tema sólo de las familias, o de las mujeres. No es un problema individual. Hablamos de un tema societal; el Estado debe asumir un rol en la protección social mayor, así como también incentivar cambios culturales que permitan que hombres y mujeres compartan sus roles en el cuidado de los hijos e hijas y de las tareas domésticas. Esa es la respuesta; no asumir acciones conservadoras y discriminadoras que estereotipan a las familias como una sola, compuesta por papá, mamá e hijos, debidamente casados con una libreta matrimonial y para toda la vida.

Esta columna fue publicada con anterioridad por ElQuintopoder.cl.